Illa entierra el Hard Rock que provocó las elecciones mientras espera a que ERC convenza a sus bases

El proyecto del Hard Rock como final y principio de un gobierno y con tres partidos implicados: PSC, ERC y Comunes. Esta iniciativa supuso el final del ejecutivo de Pere Aragonès, que decidió convocar elecciones anticipadas tras no contar con los apoyos suficientes para aprobar los presupuestos de la Generalitat para este año. El detonante fue el ‘no’ de los Comunes a las cuentas, porque incluía este proyecto que, para el PSC, era una sus irrenunciables

De hecho, los socialistas, para votar favorablemente a las cuentas, pusieron tres líneas rojas: el proyecto del Hard Rock, la ampliación del aeropuerto, y continuar con la B-40 hasta Sabadell. ERC no tuvo más remedio que aceptar a regañadientes estas cuestiones para poder aprobar los presupuestos, si bien es cierto que el acuerdo entre republicanos y socialistas no tenía demasiadas concreciones sobre ninguno de los temas. Los Comunes sí fueron mucho más claros al respecto. Se oponían a todos, pero especialmente al Hard Rock, porque no querían que Cataluña se convirtiera en «Las Vegas» de Europa.

Y lo que eran temas irrenunciables para el PSC, ya no lo son. De hecho, en el acuerdo con los Comunes, por ejemplo, se dice, literalmente, que el próximo gobierno «no facilitará proyectos como el macrocasino de Hard Rock». Y, por este motivo, «se eliminará la reducción de la fiscalidad del juego prevista en la Ley 6/2014». En el acuerdo entre ERC y los socialistas, también se recoge incrementar la fiscalidad de los casinos del 10 al 55%. De esta forma, se daría marcha atrás a la rebaja que se aprobó en 2014.

De este modo, un proyecto que acabó tumbando indirectamente un gobierno, ahora es el inicio de otro, aunque en sentido totalmente opuesto. Recordemos que el Hard Rock es un complejo turístico que nació en 2012 como respuesta al proyecto de Eurovegas, que tras una disputa entre la Comunidad de Madrid y Cataluña, su promotor, Sheldon Adelson, optó por la capital. Y ese proyecto fallido se convirtió en Barcelona World, un megacomplejo en el que se llegaron a proyectar hasta cuatro casinos y que, evidentemente, no vio la luz.

Pero tampoco se ha hecho una realidad el tercer intento, ya bautizado como Hard Rock. Está previsto que cuente con dos hoteles y un millar de habitaciones, un área comercial con 75 tiendas y un casino, que tendrá unos 10 mil metros cuadrados. Lo cierto es que la Generalitat no ha hecho más que poner trabas a esta proyecto.

Presión a ERC

En cualquier caso, y sin el proyecto del Hard Rock, los socialistas necesitan los seis votos de los Comunes, que ya tienen garantizados, y los 20 de ERC, para llegar a la mayoría absoluta de 68 diputados. Las bases republicanas decidirán este viernes si avalan el pacto con los socialistas para hacer presidente a Salvador Illa. Se están celebrando las asambleas territoriales, en las que se están volcando los dirigentes de la formación para evitar una hecatombe o como mínimo que el partido tenga un futuro muy incierto. Es lo que supondría que los militantes rechazaran ese preacuerdo.

Y no está siendo fácil. Para empezar, porque el partido parece dividido. Hay dirigentes y cargos públicos que se han mostrado abiertamente contrarios al pacto, han dejado claro que no hay que investir presidente de la Generalitat a uno de los impulsores «del 155». También hay quienes han mostrado su apoyo a la dirección y al preacuerdo, como es el caso del exdiputado Joan Tardà.

Y, de forma paralela, los sectores más radicales del independentismo, como los CDR o la ANC, presidida por Lluís Llach, están convocando protestas ante las sedes de ERC como una forma de presionar a los republicanos. Es más, Llach ha ido subiendo el tono en las últimas horas, hasta pedir a los separatistas que «estén a punto» ante una posible investidura de Illa. Y el mensaje ya se está extendiendo por las redes sociales. Además de no querer un presidente «españolista» y «pro-155». También consideran que del acuerdo se desprende que Pedro Sánchez y Salvador Illa, uno en el Gobierno y el otro en la Generalitat, serán los que tengan la sartén por el mango, y eso no garantiza que se puedan cumplir los acuerdos.