Vista lateral del centro penitenciario de Ponent, en Lérida

Vista lateral del centro penitenciario de Ponent, en LéridaDepartamento de Justicia

Cataluña

El Govern endurece el acceso de los presos a la cocina de las cárceles, pero no veta los delitos de sangre

La dirección del Centro Penitenciario de Ponent, en Lérida, permitió que internos condenados por delitos de sangre ocuparan puestos de trabajo en la cocina

El próximo 1 de octubre entrará en vigor una circular que endurece los requisitos para poder trabajar en las cocinas de los centros penitenciarios. Se establecen unas medidas «adicionales», pero, aun así, no se excluye a los reclusos condenados por delitos de sangre. De hecho, se recoge que no podrán trabajar aquellos que han estado en celdas de aislamiento durante los últimos dos años, entre otras cuestiones.

Unos cambios que llegan a raíz del asesinato, hace unos seis meses, de la cocinera de Mas d’Enric, Núria, a manos de un interno. Un asesinato que provocó las protestas de los funcionarios de prisiones, que pedían cambios y medidas para que presos peligrosos no tuvieran acceso a talleres o espacios donde tuvieran a su alcance objetos como cuchillos o tijeras. En el caso de esta trabajadora, su asesino había sido condenado por matar a otra mujer a puñaladas.

Pues bien, en la circular se clasifican los puestos de trabajo y considera de especial riesgo algunos talleres productivos industriales, la cocina, la panadería, la lavandería, las tiendas y trabajos fuera de los módulos, como la jardinería o los almacenes. Además de controlar que los presos no hayan estado en celdas de aislamiento, también se recoge que los especialistas tendrán que evaluar si el recluso está cumpliendo un programa individualizado de tratamiento, especialmente en el apartado referente a reducir el riesgo de conductas violentas. Y, a su vez, incumplir este programa puede provocar la suspensión de este trabajo.

También se mantiene el requisito de que, para entrar en cocina, el preso deba tener un test ‘RiscCanvi’, que mide la posibilidad de reincidencia, que no sea alto. Y está previsto que una Unidad de Seguridad Interior lleve a cabo un «análisis de idoneidad» para evaluar si el preso está preparado para trabajar.

Desde la nueva consejería aseguran que esta circular está elaborada por el anterior equipo de Justicia, y todas las políticas, a raíz del nuevo consejero, Ramon Espadaler, están en fase de revisión. De ahí que aseguren que, si hay algo que cambiar en el texto, se hará. Mientras tantos, se extreman medidas de seguridad para que no ocurra un hecho como el de Mas d’Enric.

Pero hay ocasiones en que se producen «gestiones negligentes», en palabras del sindicato de funcionarios CSIF. El último ejemplo ocurrió hace unos días, cuando la dirección del Centro Penitenciario de Ponent, en Lérida, permitió que internos condenados por delitos de sangre ocuparan puestos de trabajo en la cocina. Un entorno, insisten, que es «de alto riesgo».

De hecho, el Departamento de Justicia retiró de forma preventiva de la cocina a este preso, y aseguró que iba a revisar el sistema y los criterios utilizados en la toma de decisiones como esta. Pero para el CSIF, la responsabilidad de la dirección es minimizar estos riesgos, evitando decisiones que comprometan la seguridad del personal. «El riesgo cero no existe en las prisiones, pero es esencial aplicar medidas que reduzcan al mínimo las amenazas», recalca el sindicato. Y es algo que no hizo la dirección de Ponent.

Desde el sindicato insisten en que los internos con antecedentes de violencia, delitos de sangre o patologías psiquiátricas no deberían tener acceso a este tipo de trabajos. Y denuncian que direcciones, como la del centro de Ponent, «refleja una tendencia preocupante en la gestión penitenciaria: priorizar intereses empresariales (con el CIRE) sobre la seguridad y rehabilitación de los internos».

Y otro punto que cuestionen desde el sindicato: la herramienta «RiscCanvi». Explican que ha sido objeto de una auditoría y que muestra «una tendencia preocupante»: «priorizar una baja tasa de falsos positivos, rebajando artificialmente el nivel de riesgo».

Esto, según CSIF, lleva a que internos considerados anteriormente de alto riesgo ahora sean evaluados como de riesgo bajo o medio, facilitando su acceso a destinos «inapropiados». De ahí que insistan en la necesidad de un cambio en la política penitenciaria.

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