Así es el infierno burocrático de un catalán para hablar en español con las administraciones públicas

Si un hispanohablante acude a una administración para pedir ser atendido e informado en español, se va a encontrar con un muro, con multitud de papeleos y también, en ocasiones, con la burla y el ninguneo. Es la denuncia que hace la entidad Hablamos Español a raíz de la situación de un ciudadano, de la comarca del Bages, que ha pedido a esas administraciones con las que se ha tenido que relacionar, que la documentación y el papeleo se le facilite en castellano. Y ante esta situación, desde Hablamos Español han elevado el caso al Defensor del Pueblo.

Además, según ha explicado a El Debate Gloria Lago, presidenta de Hablamos Español, no se ha forzado las situaciones, simplemente esta persona ha hecho la petición con las administraciones que, a lo largo de un año, se ha tenido que relacionar: su ayuntamiento, la Diputación provincial, su hospital y su centro de salud de referencia, además de las consejerías a las que se ha tenido que dirigir para solicitar alguna ayuda.

De entrada, Lago destaca que un catalanohablante llega al edificio en cuestión y todo, absolutamente todo, lo encuentra en catalán y «no tiene nada más que hacer que centrarse en la gestión». En cambio, recuerda, si lo hace una persona que habla en español, para conseguir la traducción «lo tiene que pedir por escrito, vía registro de entrada, con los documentos que nosotros le hemos proporcionado. Pero imagínense un ciudadano que va por su cuenta. Y eso si responden, que a veces se eterniza el proceso o parece la petición como caso cerrado», lamenta Lago.

Y cuando hay respuesta, o esta es negativa o parcialmente positiva. La presidenta de Hablamos Español recuerda que, en el caso concreto de este ciudadano, «le aceptan traducir el documento, pero le dicen que si tiene que volver, lo debe pedir de nuevo». De lo que se trata, denuncia, es que «la gente se canse y aburra, porque, desde luego, hay que tener mucha paciencia para seguir insistiendo».

Por esto, Gloria Lago cree que hay ciudadanos de primera, hay unos hablantes de una lengua oficial que tienen reconocido su derecho, el catalán; y otros, los hispanohablantes, «a los que pisotean y se burlan». Es lo que considera teniendo en cuenta las respuestas que ha recibido la persona que pidió la documentación en castellano.

Ejemplos

Así, por ejemplo, en febrero de 2024 presentó una solicitud a la Generalitat para que la administración se comunicara con él en español y para pedir que se respetara la cooficialidad lingüística. En la respuesta del Departamento de Cultura, firmada por el que fuera Secretario de Política Lingüística y actual consejero de la materia, Francesc Xavier Vila, se dice que «puede hacer constar su opción lingüística en ocasión de cada procedimiento administrativo que tramite con esta Administración». Y con relación a la rotulación, le insta a que consulte la normativa vigente. Se le señala el enlace correspondiente.

Otro ejemplo. En mayo de 2024 pide a la Agencia Catalana de la Vivienda, que a partir de entonces dejen de comunicarse con él solo en español. Tiene que acudir a este organismo para solicitar una ayuda para el alquiler. En la respuesta, de septiembre, le deniegan la ayuda porque no ha acreditado que cumple los requisitos para pedirla, pero hacen caso omiso también a la petición que hizo este ciudadano para que las comunicaciones fueran en español. Le responden en catalán. Vuelve a insistir con las dos cuestiones, con la ayuda y la opción lingüística. Y la respuesta sigue siendo la misma: no tiene derecho a esa ayuda y la respuesta sigue siendo en catalán.

Finalmente, en octubre, la llega la resolución de la Agencia Catalana de la Vivienda en español. Se le recuerda que las administraciones en Cataluña tienen que emplear el catalán, aunque reconocen su derecho a recibir esas comunicaciones e informaciones en castellano. Eso sí, le dejan claro que «se le facilitará los formularios y la información que considere necesaria en castellano, siempre que así lo solicite». Es decir, que tiene que pedir la opción lingüística cada vez que inicie un proceso administrativo.

Una respuesta parecida recibió del Departamento de Salud, con el añadido que tenía que dirigirse al personal «para solicitar atención en español y solicitar la documentación en esta lengua». Aun así, desde el CatSalut, las notificaciones le seguían llegando en catalán, a pesar de las reiteradas peticiones. Pero tampoco aceptó su solicitud el hospital Althaia de Manresa. En este caso se le respondió que «las cartas solo las enviamos en catalán».

Y estas situaciones se repiten con otras consejerías, con el Ayuntamiento de Callús, al que tienen que presentar la solicitud para que le respondan en español en varias ocasiones, el Servei Català del Trànsit, el Ayuntamiento de Manresa, la Agencia Tributaria de Cataluña o la Diputación de Barcelona.

Por todo ello, se ha presentado este caso ante el Defensor del Pueblo, porque en palabras de Gloria Lago, «es un caso flagrante de tomadura de pelo de todo un año». Además, desde Hablamos Español se ha puesto en marcha una campaña para que cualquier persona, independientemente de donde resida, «exija» a las comunidades autónomas que respeten la cooficialidad. El objetivo de la entidad es conseguir que se haga un censo en el que pudieran constar las personas que quieren que toda la información y documentación que le envían desde las administraciones esté, al menos, en español.