Un abogado experto en vivienda advierte de una tendencia desesperada: okupar a los okupas

«Okupar al okupa», es una de las triquiñuelas que se están utilizando para que los propietarios a los que le han ocupado la vivienda de forma ilegal, puedan recuperarla sin tener que pasar por el largo proceso judicial que ello conlleva Se trata de una «okupación» que, en ningún caso puede llevar a cabo el mismo propietario, sino que de ello se encargaría un tercero. Para el abogado José María Español, experto en cuestiones relacionadas con la ocupación ilegal, es evidente que «cuando aparecen medios alternativos a la ley, quiere decir que ésta no funciona».

Se refiere Español a la proliferación de empresas que se dedican no solo a desocupar, sino también a «facilitar al propietario personas con las que se puede ocupar al okupa», o al hecho de que se esté provocando que el propietario pague al okupa por estar en su casa «habiendo cometido un delito». Todo ello indica, según el abogado, que «hay un problema legislativo».

Y para José María Español es evidente que se van a tener que introducir cambios en las leyes que han conducido a esta situación. Y es que «hay tantas viviendas ocupadas, miles, que, si las administraciones se pusieran manos a la obra, se podrían incorporar otra vez al mercado y ya tendríamos una solución al problema de la vivienda». Pero por ahora, lamenta, solo se están aprovechando «las mafias que se dedican a sacar beneficio de una deficiente legislación», en Cataluña en particular, y en España en general, que «hizo una mala copia de la legislación catalana», recuerda este abogado.

Dice Español que los políticos tendrán muy pronto la oportunidad de demostrar que, verdaderamente, quieren cambiar las cosas. Y recordaba que se tiene que convalidar el decreto por el que se prorroga «la suspensión de los lanzamientos que se acordó a raíz del COVID. Ojo, que estamos hablando de prorrogar nuevamente una medida de 2020, que se tomó como consecuencia de una crisis sanitaria». Y ahí cree que el PNV o Junts «tienen mucho que decir» y con «hechos, y no solo con palabras».

Recuerda José María Español que, a quien está afectando esta suspensión es a los particulares, que constituyen prácticamente un 80% de del mercado de alquiler y que tienen que hacer frente, a menudo, del fenómeno de la «inquiocupación», es decir, «aquel inquilino que a sabiendas de que no tiene capacidad económica para pagar un alquiler, alquila el piso y deja de abonar las mensualidades». Y otros grandes perjudicados son los grandes tenedores.

La vulnerabilidad

Pero Español quiere que se ponga el foco en otra cuestión: los requisitos de vulnerabilidad. Es lo que puede alegar un okupa para que no lo desalojen. Y vulnerable se puede considerar alguien que cobra menos de 1.800 euros, que tiene un menor a cargo o que es mayor de 60 años. Por lo tanto, asegura el abogado, «muchos se pueden considerar vulnerables».

Para este letrado, el problema, de entrada, es que el Gobierno «está haciendo recaer en los particulares la inacción de la Administración General del Estado, que no ha puesto en marcha políticas de vivienda específicas para los colectivos vulnerables». Pero también cree que se tendrían que «subir, endurecer», esos requisitos de vulnerabilidad. Recuerda Español que «estamos dejando en manos de los servicios sociales, que, en muchas ocasiones, carecen de recursos y de medios, comprobar aquella información que les facilitan los inquilinos.

¿Y qué ocurre? Que están emitiendo informes solo con la información que les facilitan los okupas sin que tengan capacidad para comprobar si es correcta o no lo es». Y al final, el propietario que se puede costear un servicio de investigación, descubre «que ese menor que se supone que estaba en la vivienda, no existía, y que otras situaciones que alegaban también era mentira». Y el problema, añade, es que «ese informe es fundamental para posteriormente poder suspender el lanzamiento en el caso de pisos alquilados».

Protocolos de actuación

Por todo ello, Español considera que es necesaria una reforma, que se impongan unas medidas cautelares y que se establezcan protocolos de actuación para las fuerzas y cuerpos de seguridad, de tal modo que poden «actuar de forma inmediata en el momento en que se acredite que el ocupante de la vivienda carece de cualquier autorización y consentimiento para acceder a ella».

Y, en este punto, recuerde el reciente caso del propietario de una casa de Gerona, que pudo acceder a ella cuando los okupas se habían marchado. El problema es que los agentes de la policía municipal le instaron a abandonar el inmueble, porque los ocupantes de la vivienda les habían enseñado un vídeo en el que supuestamente aparecían durmiendo en la casa y cocinando para demostrar que hacía más de 48 horas que vivían allí.

Para Español «este plazo no está escrito en ningún sitio del Código Penal. Es decir, estar ocupando dos días, 48 horas un domicilio que no es el tuyo, no te da ningún derecho. Ni tampoco lo recoge el Código Civil catalán». De ahí que asegure que es necesario un protocolo de actuación para la policía «para actuar de forma inmediata y más en este un caso como este, en el que hay peligro para los propios okupas teniendo en cuenta el estado de la casa, que se tenía que reformar». Y al final, añade, «de 48 horas se pasan a 48 meses».

Este abogado lamenta que «nos estamos quedando con menos argumentos para pedir al propietario que no acuda a los medios alternativos». Una situación que se puede complicar aún más, porque a partir del mes de abril «un propietario que quiera echar a un okupa va a tener que hacer una mediación y va a tener que acreditar ante el juzgado que ha intentado llegar a un acuerdo con el inquilino, para poder presentar la correspondiente demanda de desalojo». Y todos estos cambios normativos «están perjudicando cada vez más al propietario, al mercado de la vivienda y fomentan el fenómeno de la ocupación ilegal».

Ante este panorama, asegura Español, se confirma que España «es la excepción europea a la legislación que defiende la propiedad. Es una excepción de política legislativa en contra del propietario y especialmente en contra del pequeño propietario», resume.