El piso del terror en Barcelona: prostituían y sometían a menores tuteladas para conseguir droga

Una de las víctimas de los tres acusados de agredir sexualmente y prostituir a menores tuteladas a las que presuntamente dejaban inconscientes por sumisión química ha declarado este miércoles en la Audiencia de Barcelona que los procesados las usaban como reclamo para conseguir drogas para consumo propio.

Así lo ha explicado una de las víctimas en la primera sesión del juicio, que debería haber empezado ayer martes en la sección tercera de la Audiencia de Barcelona, pero que se pospuso porque uno de los acusados, el único que estaba en libertad, no se presentó, por lo que el tribunal dictó una orden de búsqueda y detención para poder celebrar la vista.

Según el escrito de la Fiscalía, los hechos ocurrieron en 2022 cuando uno de los acusados, el que no se presentó a juicio, contactó con una menor tutelada por la Dirección General de Atención a la Infancia y la Adolescencia (DGAIA) por redes sociales e iniciaron una relación sentimental.

A partir de entonces, la víctima, que en el momento de los hechos tenía 17 años, se escapaba del centro de menores donde residía para encontrarse con su entonces pareja en el piso de otro de los acusados, donde, según ha explicado durante su declaración, vio en diversas ocasiones a otras niñas salir con dinero de las habitaciones.

La víctima ha explicado que, aunque no sufrió ninguna agresión sexual, su entonces pareja le había ofrecido dinero en varias ocasiones para que tuviese relaciones con otro de los acusados para que ellos pudiesen obtener droga para consumo propio: «Si no llevaban a niñas, no subía a ese piso y no tenían drogas», por lo que buscaban contactar con menores a través de Instagram.

La joven, que ahora tiene 19 años, ha relatado que cuando los acusados le ofrecían dinero por tener relaciones sexuales y ella se negaba, estos subían la cantidad o le ofrecían otras cosas a cambio, como viajes o un sitio para vivir.

Sustancias tóxicas en la bebida

La víctima que ha testificado presencialmente este miércoles ha explicado que el 21 de julio de 2022 en ese piso uno de los acusados le dio un vaso de Coca-Cola del que bebió y al cabo de unos minutos empezó a encontrarse mal «con mareos y sin poder estar de pie» y se sentó en el sofá hasta quedarse dormida.

Al despertar aún se encontraba mal y fue a buscar a su acompañante por «miedo a que le estuviesen haciendo algo, porque había visto cosas en ese piso».

Finalmente, localizó a su acompañante en una de las habitaciones teniendo relaciones sexuales con uno de los acusados y al entrar a la estancia la chica se la quedó mirando «como diciendo que no, que la sacara de ahí», ha explicado la testigo.

Los acusados la sacaron de la habitación y minutos después salió la otra chica con 30 euros en la mano, «desubicada, sin saber responder y con los ojos muy abiertos».

El escrito del ministerio público sostiene que, una vez en el domicilio, las menores consumían sustancias tóxicas que les ofrecían los acusados y que les provocaban un estado de semiinconsciencia que «les impedía prestar ningún tipo de consentimiento válido», situación que los acusados aprovechaban para agredirlas sexualmente.

A partir de ahí los Mossos d’Esquadra procedieron a la entrada en el piso en el que presuntamente habían ocurrido los hechos, en los que encontraron a otras tres chicas, una de ellas menor de edad, todas con pasado tutelado por la Generalitat, con un «perfil muy similar al de las víctimas», ha explicado uno de los agentes.

Hasta 20 años de prisión

Además, en la vivienda localizaron drogas como cocaína y metanfetamina, entre otras, que iban a ser destinadas para la venta a terceros, según afirma el ministerio público, por lo que la fiscal atribuye a todos los procesados un delito contra la salud pública por el que solicita cuatro años de cárcel.

De esta forma, uno de los acusados se enfrenta a una petición de 20 años de prisión por dos delitos de prostitución, explotación sexual, corrupción de menores y agresión sexual con penetración, además del delito contra la salud pública.

El segundo acusado, que no se presentó en la primera vista del juicio, se enfrenta a 15 años de prisión por un delito de agresión sexual con penetración, un delito de prostitución, explotación sexual y corrupción de menores y el de salud pública.

El tercer procesado está acusado de dos delitos de agresión sexual y otro contra la salud pública, por los que afronta una petición fiscal de 14 años de cárcel.

Asimismo, el ministerio público solicita que se prohíba a los acusados que se aproximen o comuniquen con las víctimas hasta seis años después de salir de prisión y la inhabilitación para trabajar con mejores durante diez años.