La huelga de alquileres de 1931 en Barcelona

En el distrito de Sants-Montjuic se levanta el barrio de la Marina del Prat Vermell que, en 1931, fue uno de los focos de lo que podríamos llamar una huelga de alquileres caídos. Miles de trabajadores dejaron de pagar, poniendo en jaque al gobierno republicano de Francesc Macià, al central de Niceto Alcalá-Zamora y Manuel Azaña. ¿Por qué tuvo lugar esta huelga?

Todo empezó en la Barceloneta, el barrio de pescadores de Barcelona. Allí se encontraba la fábrica conocida como La Maquinista Terrestre y Marítima, que funcionaba desde 1861, dando trabajo a 1.200 trabajadores. Fue la principal empresa constructora de maquinaria industrial, motores diésel, y para locomotoras de vapor de España. De ahí la huelga pasó a la Marina del Port Vell. Se convirtió en una protesta, no violenta, contra el coste de la vida de los obreros que estaban explotados y mal pagados, aquellos no cualificados y los que estaban en el paro. El movimiento no lo organizaron los sindicatos, sino las asociaciones vecinales.

Poco después se unió la CNT de la construcción. El motivo es que 30.000 de sus afiliados estaban en el paro, después de haber trabajado en la Exposición Universal de 1929. El 1 de mayo de 1931 la concentración obrera reunió entre 100.000 y 150.000 personas que fuero a la Plaza San Jaime, sede de la Generalidad de Cataluña. Querían exigirle a ERC que cumpliera sus promesas. Sus peticiones eran rebajar un 40% el precio de los alquileres para los obreros, incautar capital, parar los trabajos de las congregaciones religiosas por competencia desleal y que los patrones debían emplear trabajadores en el paro.

La protesta se extendió por el Raval, la Barceloneta, Sants, Clot, Poblenou, Santa Coloma de Gramanet y la Torrassa en el Hospitalet de Llobregat. Todos ellos estaban amparados bajo la Comisión de Defensa Económica (CDE) y la CNT. Las reivindicaciones eran varias. Desde mejorar la habitabilidad de las viviendas, hasta que dotaran a aquellos barrios de escuelas, centros médicos, iluminación callejera y líneas de transporte. Añadían que el transporte público fuera gratis para los que estaban buscando empleo.

En el momento que los propietarios cortaban la luz o el agua, estos volvían a conectarse. No servá de nada desocupar las casas, porque volvían a ser ocupadas. Los obreros se ayudaban para que todo siguiera igual durante la huelga. El gobierno tuvo que mandar a la Guardia Civil, para que protegiera una iglesia a punto de ser quemada, al considerarse un símbolo de represión. Este no fue el único enfrentamiento. Hubo numerosos actos violentos entre la policía y los huelguistas.

El 5 de julio de 1931 tuvo lugar un mitin en el Palacio de Bellas Artes. Se concluyó que los alquileres debían bajar un 4 %, el depósito seria el primer pago del alquiler, los parados no pagarían alquiler. Según la CDE, en julio, había 45.000 huelguistas y, al mes siguiente, ya eran 100.000. La cámara Oficial de la Propiedad Urbana de Barcelona, el 20 de julio, pidió que la ley amparara a los propietarios. Pidieron que se reprimiera a las huelguistas, cerrar la CDE y arrestar a los responsables. En ningún momento pensaron en una negociación. Sólo la represión acabaría con todo aquello.

Para presionar la Cámara retuvo el pago de los impuestos para presionar al gobierno y envió a Juan Pich y Pon, exalcalde de Barcelona y miembro de la Cámara, para que negociara. El gobierno central no estaba por la labor y se planteó ilegalizar a la CNT. Francisco Largo Caballero, del PSOE, calificó esa huelga de absurda. El 27 de julio un fiscal prohibió los folletos de la CDE por sediciosos. ERC no hizo nada para solucionar ese problema, porque defendían a las clases propietarias y no al proletariado, al pertenecer la mayoría de sus miembros a la primera clase. Con lo cual todos acabaron criminalizando a los huelguistas. Pusieron en marcha una campaña para difamarlos. Entre ellas que se lucraban subarrendando las casas, mientras alquilaban casas de lujo en la costa.

Solidaridad Obrera empezó a publicar los fraudes fiscales de los caseros, para contraatacar las informaciones que ellos lanzaban en contra de los inquilinos. Los criminales explotadores y difamadores eran protegidos por el Estado. Era inexplicable que los trabajadores, que tenían la razón, se les tratara como delincuentes. Las denuncias no eran falsas. La Cámara, en un informe interno, afirmaba que los caseros hacían declaraciones fraudulentas y ocultaban cuantas viviendas en propiedad tenía cada uno de los caseros. Llevaban a cabo evasión legal y fiscal.

En agosto de 1931 es nombrado gobernador civil José Oriol Anguera de Sojo. Ilegalizó la CDE y prohibió todos los mítines. Pidió el listado de los huelguistas a la CNT. Al negarse a entregarla, le impuso una multa. Ordenó la detención de los organizadores más destacados, siendo encerrados en la cárcel Modelo. Los 54 detenidos, en septiembre, iniciaron una huelga de hambre. La CNT declaró una huelga general. A esta se unieron 300.000 obreros no solo de Barcelona, también de Manresa, Mataró, Sabadell, Terrassa, y Granollers.

Continuaron las detenciones. La huelga supuso la muerte de entre 6 y 18 muertos, y más de 300 detenciones. Se aprobó la Ley de Defensa de la República. Con ella se podía sancionar y detener a cualquier posible movimiento revolucionario, antes de que se produjera. Esta medida permitió romper la unidad de los huelguistas. El diciembre de 1931 todo volvió a la normalidad al finalizar la huelga de alquileres.