La Diputación carlista nunca reconoció Cataluña como nación

El 26 de julio de 1874 el pretendiente carlista al trono de España, Carlos de Borbón, promulgó un Real Decreto por el cual se creaba la Diputación Catalana. En él se concedían amplias facultades políticas y administrativas y en un modo concreto y permanente las siguientes atribuciones:

Su promulgación significó un gran paso dentro del contexto económico y social de Cataluña. Ahora bien, ¿por qué fue significativa su creación? ¿qué sentido tenía establecerla? Veamos.

El motivo de la promulgación estaba condicionado a las dificultades que había en pagar los sueldos pactados a los soldados, y para poder saldar los gastos propios de la guerra. Hasta ese momento, el ejército carlista dirigido por Alfonso de Borbón, había conseguido el dinero de los ayuntamientos de los pueblos conquistados. También existía el pillaje. ¿Qué significa esto? Muchas veces las recaudaciones conseguidas no llegaban a la Tesorería General Carlista, sino que eran repartidas entre los soldados que habían participado en la acción. Esto provocaba un descontrol en la hacienda carlista. No todos los soldados cobraban con la regularidad que era necesario al no existir una legislación efectiva y equitativa. A todo esto hay que añadir otro factor. El gobierno del Estado continuaba cobrando los impuestos establecidos con anterioridad a la guerra. Esto provocaba una sangría económica muy importante en los pueblos, que se veía en la obligación de pagar un doble tributo.

Alfonso de Borbón creía que la única solución para restablecer el orden e impedir el descontento del pueblo catalán, era a través de una reglamentación que impidiera el pillaje y la instauración de unos cánones idénticos para todo el Principado. Es por eso que el 17 de mayo de 1874 hizo llegar al General Rafael Tristany, Comandante General del Principado, una circular donde le daba instrucciones de cómo debía organizarse la Diputación Catalana. En el apartado segundo puede leerse:

«Se creará la Diputación de Cataluña, con personas de conocida y comprobada adhesión a nuestra bandera, la que establecida en un punto céntrico y seguro, en cuanto sea posible, se ocupe con asiduidad de cuanto exija la autoridad civil, administrativa y judicial, siendo su principal objeto la recaudación de contribuciones del Principado sin inmiscuirse, ni tener atribución alguna en lo militar, pudiendo únicamente nombrar al lado del intendente del Ejército Interventor y un Tesorero para que cada uno ejerza las funciones anejas a su destino. Dicha Diputación reorganizará la administración del modo que juzgue más conveniente, siendo responsable de que todo el dinero que se recauda, sea entregado a la Real Intendencia, y que nunca falten recursos para el suministro de las tropas Reales, para las demás obligaciones anejas a aquella que deberá vigilar y dar cuenta de la inversión; para lo cual los dependientes de la administración pasaran mensualmente revista de comisario, a todas las fuerzas activas y pasivas por medio de las listas nominales correspondientes en que consta el alta y baja ocurrida y motivada de una a otra revista».

El anuncio oficial sobre la creación de la Diputación Catalana se hizo el primero de octubre de 1874. Se nombró a Rafael Tristany como Presidente; a Juan Mestre Tudela como Vicepresidente. Fueron vocales José de Solá Morales, Francisco Javier de Subirá Iglesias, Francisco Javier Sitjar, José de Maciá, Joaquín de Rocafiguera y José Corona Cuenca y de Panisello. Desde el 1º de noviembre de 1874 hasta finalizar la guerra, se imprimió en San Juan de las Abadesas el «Boletín Oficial del Principado de Cataluña», en el cual se notificaban las disposiciones aprobadas por la Diputación Catalana.

Alfonso de Borbón tuvo gran interés que empezara a ser efectiva lo antes posible. El motivo era su partida de Cataluña al Maestrazgo. Deseaba que, a su marcha, la Hacienda catalana funcionara como un reloj. Asimismo era su intención, una vez instalado en el Maestrazgo, crear una Diputación en el Reino de Valencia.

Se nombraron recaudadores, los cuales se encargaron de recoger las cantidades establecidas para cada pueblo. Se hizo hincapié a los ayuntamientos que en ninguna circunstancia se debía entregar ese dinero a personas ajenas a la Diputación pues de hacerse, los pagos resultarían nulos. Asimismo se estableció un nuevo sistema de correos y estafetas, para restablecer el caos existente en Cataluña, al ser problemática la correspondencia entre las provincias catalanas y el resto del Estado.

Con todo esto se pretendió la independencia administrativa de Cataluña. Alfonso de Borbón pensaba que «si hay soldados que se baten por Dios, Patria y el Rey, hay también autoridades y personas que atienden a sus intereses y que desean y saben organizar los servicios públicos para obtener sólo por recompensas su adhesión y su confianza a fin de lograr lo uno y lo otro».

Por consiguiente, si bien se ha querido ver en la creación de la Diputación Catalana las bases del nacionalismo catalán, o el reconocimiento, por parte del Carlismo, de unos derechos perdidos en el año 1714, en realidad su creación fue un acto de necesidad dentro del descontrol existente en la estructura económica y social catalana. Con ella se pretendió establecer unas normas, aplicables a todo el territorio catalán, con las cuales se conseguiría reorganizar una caótica situación, la cual no aportaba estabilidad ni al ejército carlista ni al pueblo de Cataluña.