Afectados por la inmersión lingüística de Ximo Puig: «Me suspendían por motivos ideológicos»

Cuando se analiza y debate la política lingüística del Gobierno valenciano, comentaristas y políticos de la oposición coinciden en asegurar que la inmersión del valenciano se está llevando a cabo de una forma «acelerada» respecto al ritmo que ha mantenido en Cataluña. Dicho de otro modo, cuarenta años condensados en poco más de siete.

Uno de los ámbitos donde más se está dando es el educativo, principalmente a la hora de la elección de centro escolar.

José, un joven residente en la localidad valenciana de San Antonio de Benegéber cuenta a El Debate su caso: «Cuando fuimos a escoger colegio para nuestros hijos por nuestra zona vimos que en todos los centros públicos la carga lectiva en valenciano era tremendamente elevada».

En este sentido, apunta que esta era «del 45 %» o, directamente «líneas en valenciano», por lo que ante esa «aberración», él y su mujer se vieron «obligados» a recurrir al único colegio concertado que había y que respetaba el porcentaje legal del 25 % de carga lectiva en la lengua autonómica.

Promueve el catalán, pero no me lo impongasJosé, afectado por la inmersión lingüística

José, que recalca que es valencianoparlante con la parte paterna de su familia, señala que tomaron esa decisión a pesar de que acaba «siendo caro». «Si no hubiese tenido una situación económica lo suficientemente desahogada, me habría visto abocado a ir a un centro público donde la carga lectiva en valenciano era bestial» afirma.

Ante todo ello, el testigo no acepta las razones del tripartito de PSPV-PSOE, Compromís y Unides Podem de que esta política tiene como objetivo incentivar el valenciano: «Estoy a favor del fomento del uso de la lengua y de la cultura valencianas, pero la imposición lastra y deberían poner el foco en el inglés», relata José, a lo que añade: «Promuévelo, pero no me lo impongas».

Frente al modelo del Ejecutivo autonómico, el afectado propone acciones más efectivas y prácticas como aplicar la tecnología del big data para saber «en qué zonas la gente requiere atención en valenciano o en castellano para poder reorganizar tus recursos convenientemente».

Sobre ello, José dice que la Administración «lo puede hacer», aunque reconoce que falta «voluntad» porque todo se basa «en una decisión ideológica».

Problema para los profesores

José no es el único caso de discriminación por motivos lingüísticos. Eva es extranjera –pide no concretar el país para evitar que pueda ser reconocida– y su marido, Quique, es catalán.

Cuando Eva llegó a España aspiraba a trabajar como profesora, para lo que necesitaba que le convalidaran los estudios: «Pronto empecé a comprobar que la imposibilidad de conseguirlo, poco a poco, era más grande por los requisitos que me pedían», relata.

Tal fue la situación que no tardó demasiado tiempo en asumir que se tenía «que ir» a pesar de que su hijo estaba «escolarizado» en un municipio de la provincia de Castellón. «Somos castellano parlantes y nuestro hijo también tenía problemas en el colegio por el tema de la lengua», lamenta. Así pues, el deseo de Eva de ser profesora se mudó a otra comunidad autónoma, cien por cien en español. Allí, ella educa en libertad y su hijo y sus compañeros son educados sin rastro de imposiciones lingüísticas.

«Objetivamente tenía que haber aprobado»

Pero la inmersión lingüística en el ámbito escolar no se da únicamente a la hora de la elección del centro, sino también dentro de las aulas.

Una prueba de ello es Sergio. Ahora está en el último curso de la carrera de Derecho, pero explica lo que le ocurrió estando en segundo de Bachillerato: «La asignatura de Valenciano era puro catalanismo, los contenidos que estudiábamos estaban orientados a reforzar la idea de lo que ellos llaman unidad de la lengua».

En este sentido, Sergio apunta que en el libro de texto «los mapas incluían a Cataluña y las Islas Baleares, no lo llamaban Países Catalanes, pero sí se hablaba de catalán y variantes de él».

Esa versión unitaria del idioma era «compartida» por algunos alumnos y «cuestionada» por otros, pero la «inmensa mayoría la asume», dice el joven. No fue su caso: «Durante todo el curso me negué a comulgar con esas tesis porque eso habría supuesto renunciar a mis principios y a nuestra identidad como valencianos», indica Sergio.

Esa postura tuvo sus consecuencias, ya que en la materia de Valenciano la profesora no le aprobó «ningún trabajo ni ningún examen» a pesar de que «objetivamente» tenía que haber «aprobado».

Ante esa situación de «injusticia y señalamiento», Sergio habló en diversas ocasiones con la jefa de estudios y con el director. «Me dijeron que las cosas son como son y me recomendaron que cambiara la actitud porque no iba a sacar nada y me estaba jugando entrar en la universidad el curso siguiente» relata.

Tras esas reuniones, el estudiante le comunicó el caso a sus padres, que también se vieron con el equipo directivo del centro para poner fin a lo que, insiste, era una «injusticia»: «Fueron mis padres y los de un compañero de clase que sí había aprobado para comparar nuestros exámenes y pudieron ver que no había motivo para suspenderme».

Este hecho fue «clave» para revertir la situación y, aunque la profesora le seguía «teniendo manía y entre ceja y ceja», le comenzó a evaluar según «lo que ponía en el examen y no por ideología».