Elecciones 28-M  Cambio de eje en la Comunidad Valenciana: de aliada del separatismo a competir por los impuestos más bajos

Los independentistas catalanes han utilizado al tripartito valenciano de izquierdas a modo de salvoconducto para que sus postulados y aspiraciones rupturistas enraizasen y tomasen cuerpo en la región. Lo han hecho tanto a nivel político como social y económico. En cuanto al primer aspecto, apenas hay diferencias entre la hoja de ruta de ambos gobiernos autonómicos, mostrándose más que orgullosos de esa relación privilegiada.

Los otros dos ámbitos pivotan sobre el anterior, ya que la sintonía política ha sido clave durante estos ocho años para abrir las puertas de la Comunidad a entidades separatistas para que realizasen sus actividades ideológicas. Naturalmente, para ejecutar ese plan hace falta mucho dinero, algo que el socialista Ximo Puig y su Ejecutivo no han dudado en proporcionar.

Por ejemplo, la Consejería de Educación y Cultura recientemente patrocinó un campeonato de Scrabble en catalán que se celebró en Valencia o una excursión de varios días en la localidad alicantina de Alcoy cuyo objetivo era promocionar los 'Países Catalanes', la anhelada anexión de Cataluña, Comunidad Valenciana y Baleares en un estado independiente.

10 millones al independentismo

Esos son dos casos que no significan ni la punta del iceberg del coqueteo de Puig, Compromís y Unidas Podemos con secesionistas, puesto que el total de dinero público que el tripartito ha destinado a este tipo de eventos roza los diez millones de euros. Esa cantidad no solo ha servido para actos lúdicos y pseudoculturales, sino que ha permitido institucionalizar un sistema educativo cimentado en un fuerte adoctrinamiento independentista y en la imposición lingüística que trasciende las aulas y que ha carcomido hasta los requisitos para ser funcionario de la administración autonómica, médicos incluidos.

Sin embargo, ese ecosistema tiene las semanas contadas a tenor de lo aseverado por el candidato del Partido Popular a la Generalitat Valenciana, Carlos Mazón. El 28 de mayo fue el aspirante más votado y cuenta con todos los números para convertirse en el próximo presidente de la Generalitat. Bien sea en solitario o tras alcanzar un pacto con Vox, el popular se comprometió a aprobar una ley de Señas de Identidad mediante la que «proteger la historia, la cultura, la lengua, las tradiciones y los símbolos» de la Comunidad.

Esta medida irá aparejada a terminar con una «educación politizada» y al fin de las subvenciones a asociaciones separatistas como ha venido sucediendo con el Gobierno de socialistas, nacionalistas y comunistas. Así, estas dejarán de recibir dinero del erario público, con lo que sus ingresos se verán seriamente mermados. Mazón lo tiene claro: «Que nadie nos diga lo que somos ni lo que tenemos que ser».

Por tanto, el popular emprenderá una modificación de los ejes de actuación de su futuro Gabinete en lo relativo al nacionalismo, pero no se quedará ahí porque una de sus prioridades será la bajada de impuestos para convertir a las rentas medias valencianas en las que menos presión fiscal de España tengan que soportar. Dicho con otras palabras, si para Puig sus referentes todavía siguen siendo Pere Aragonés o Francina Armengol, Mazón seguirá la senda económica que otros presidentes autonómicos ya han puesto en marcha como Juanma Moreno e Isabel Díaz Ayuso.

Para lograrlo, el dirigente del PP sacará adelante una «ambiciosa» y «justa» reforma fiscal con un impacto de 1.750 millones de euros que, según asegura, beneficiará «al 80 % de los ciudadanos» de la región. En ella, realizará una «simplificación de tramos» en el Impuesto sobre la Renta de las Personas Físicas (IRPF) con el fin de aliviar la carga impositiva a los «salarios medios y bajos».

Actualmente, la vertiente autonómica de este tributo va desde el 9 % hasta el 29,50 %. Con la rebaja, el tipo máximo quedará en el 24,50 % y el mínimo se fijará en el 8,75 %. Frente al «carácter confiscatorio» del tripartito, los populares buscan que «ningún valenciano pague más del 50% de su renta». La consecuencia será que los valencianos que cobren hasta 35.000 euros anuales serán «los que menos impuestos paguen de España».

Sucesiones, Donaciones y Patrimonio

Respecto a otros gravámenes, cuando esté al frente de la Generalitat Mazón bonificará al 99 % el Impuesto de Sucesiones, que lo define como «el de la muerte», así como el de Donaciones, dejará «prácticamente eliminado» el de Patrimonio y reducirá el de Transmisiones Patrimoniales, conocido comúnmente como el de Vivienda.

A día de hoy, está a un tipo único del 10 %, independientemente de las condiciones de quien hace frente a él. Por el contrario, el popular se comprometió a hacerlo «progresivo», partiendo desde el 9 % hasta llegar al 3 % en función del coste del inmueble adquirido.

Una de las metas de la reforma fiscal planteada por el PP es la de generar empleo y riqueza en la Comunidad y como herramienta para conseguirlo habrá incentivos a la contratación, como la de que si un autónomo contrata a su primer empleado y este es menor de 35 años o mayor de cincuenta, se podrá beneficiar de una deducción de 150 euros.

El de los autónomos será uno de los sectores que mayores ventajas encontrarán cuando se apruebe la promesa de Mazón. Cualquiera que se dé de alta por primera vez en este régimen en las mismas franjas de edad antes citadas se podrá deducir 250 euros, a lo que habría que añadir una decena más de deducciones y desgravaciones. Todas las medidas económicas estarán vigentes tan pronto se publiquen en el Diario Oficial de la Generalitat Valenciana (DOGV) y tendrán efecto retroactivo desde el 1 de enero de 2023.

Por tanto, las prioridades en la Comunidad están cerca de cambiar. Atrás quedarán subvenciones al independentismo y tomar sus ideas como argumento de autoridad y darán paso a unas políticas que en Madrid, Andalucía y allí donde se han aplicado han dado resultados positivos en forma de creación de puestos de trabajo, más consumo, inversión y riqueza.