El presidente de la Generalitat Valenciana, Carlos Mazon, durante una sesión de control en el parlamento regional
Comunidad Valenciana Eliminar «grasa política» y trabas burocráticas, más pasos de Mazón para revertir la gestión de Ximo Puig
La Generalitat Valenciana impulsa la Dirección General de Simplificación Administrativa para agilizar trámites y reduce los 116 asesores que tenía el tripartito a 61
La campaña electoral del 28 de mayo del actual presidente de la Generalitat Valenciana, Carlos Mazón, giró en torno a cuatro grandes ejes programáticos que luego corroboró en su toma de posesión y hoy día en todos ellos ya se han tomado las primeras medidas con tal de avanzar en ellos: reforzar el sistema sanitario para hacerlo «eficaz y eficiente», bajada generalizada de impuestos, política de subvenciones cero a cualquier asociación vinculada al independentismo catalán y que no respete el Estatuto de Autonomía de la Comunidad, así como llevar a cabo una drástica reducción de altos cargos y de las trabas burocráticas.
Respecto a este último aspecto, el Ejecutivo regional legislado en ambas direcciones. Así, ha fijado en 61 los asesores que el Gabinete que conforman el Partido Popular y Vox tendrán a su disposición, un hecho con el que se culmina la estructura de las consejerías y que está muy lejos de los 116 asesores a cargo de las arcas públicas con los que contaba el tripartito liderado por el socialista Ximo Puig. Es decir, 55 menos o, lo que es lo mismo, una reducción del 47 % en la línea que ya se produjo con el adelgazamiento de dos carteras cuando se formó la coalición.
Con ello, según la consejera de Hacienda, Ruth Merino, y del propio Mazón se elimina «grasa política» en el organigrama autonómico por valor de 20,2 millones de euros. La también portavoz de la Generalitat recalca que, frente a los augurios del PSPV-PSOE y Compromís, no se producirá merma alguna en la eficiencia de la Administración, apuntando que entre la plantilla de funcionarios hay «valía suficiente» como para que el día a día transcurra con normalidad.
«Humanizar» la atención al ciudadano
La otra gran materia que afecta a la relación de los valencianos con la Función Pública es la maraña que supone hacer determinados –no pocos– trámites con la Administración, algo desesperante para muchos ciudadanos, cuando no insoportable. Con tal de revertir esa circunstancia, Mazón ha creado la Dirección General de Simplificación Administrativa, un nuevo organismo cuya función será la de eliminar «pasos innecesarios» en esas gestiones con tal de «humanizar» la atención a los interesados.
De hecho, la importancia que el mandatario regional le da a este asunto es tal, que el mencionado departamento dependerá de él mismo bajo la Secretaría Autonómica de Presidencia: «La Comunidad Valenciana va a ser el lugar donde más fácil va a ser poner en marcha un negocio, reformar una vivienda o relacionarte con la Administración. Lo vamos a hacer, porque muchas veces poder contestar a tiempo significa humanizar la atención pública y muchas veces es mucho más importante que una subvención o una bajada de impuestos. Atender a la gente significa atender a sus derechos y convertirnos en una comunidad dinámica», defiende Mazón.
El presidente de la Generalitat Valenciana, Carlos Mazón.
La metodología de la nueva Dirección General será, según explica la Generalitat, la de «coordinar todas las políticas de todas las direcciones generales» en aras de «reducir y eliminar pasos que son innecesarios y esperas eternas», todo ello enmarcado en el proyecto Simplifica. Con esta puesta en marcha, el Ejecutivo regional busca mostrar y demostrar «lo que significa optimizar» desde el propio sector público con una doble vertiente, ya que hay trámites que es conveniente su eliminación y otros su reducción. Eso sí, recalca Mazón, todo con el foco puesto en «ahorrar pasos y mejorar».
El objetivo, una «verdadera digitalización»
En este sentido, el dirigente lamenta la maraña administrativa actual heredada del tripartito de socialistas, nacionalistas y comunistas, denunciando que la Generalitat Valenciana tiene un proceso de digitalización «pendiente durante demasiados años». Por tanto, sostiene que «reducir los plazos, la burocracia, hacer más accesible a un ciudadano que quiere abrir una empresa o reformarse la cocina es la política de verdad, del día a día».
Para abordar la nada sencilla tarea de conseguir una «verdadera digitalización» Mazón ha confiado en un perfil técnico y no político, una tendencia que también puede apreciarse en la composición de su Gabinete. De este modo, al frente de la Dirección General de Simplificación Administrativa ha nombrado a Francisco Ortega Albero, ingeniero de Tecnología y Servicios de la Telecomunicación por la Universidad Politécnica de Valencia y máster de Diseño y Gestión de Proyectos Tecnológicos.
Entre su experiencia, destaca el puesto de manager de riesgos tecnológicos que ha desempeñado en la consultora Ernst & Young en Madrid, así como el de manager y analista de sistemas y procesos en PriceWaterhouseCoopers, ambas compañías consideradas dentro de las llamadas Big Four. Su campo de actuación, que actualmente se encontraba desarrollando en Catar, consiste en analizar los procesos digitales de las empresas y plantear iniciativas encaminadas a la optimización de costes y una mejor eficiencia en el tiempo de dichos procesos.
Por otra parte, en sus aún no cumplidos cien días de mandato, el Gobierno valenciano ya ha impulsado a través de la Ley de Acompañamiento de Presupuestos de la Generalitat la reforma de la Ley de Ordenación del Territorio, Urbanismo y Paisaje (Lotup). Con tal modificación se persigue agilizar la concesión de licencias urbanísticas, un primer paso para conseguir que en el corto plazo los ayuntamientos de la Comunidad Valenciana puedan expedir un permiso básico para proyectos estándar –permisos de obra, licencias de actividades, ambientales…– en un plazo de tiempo «razonable», estimado en treinta días.
