El Gobierno de Mazón reconocerá a los propietarios de casas okupadas como «víctimas de delitos»

El Gobierno de la Generalitat Valenciana, conformado por el Partido Popular y Vox, afronta esta semana el primer paso en Pleno con vistas a sacar adelante su primera gran batería de medidas legislativas. Entre ellas, se encuentran las leyes de Concordia, que sustituirá a la de Memoria Democrática impulsada por el tripartito de izquierdas, y la de Libertad Educativa. Con la previsible toma en consideración por parte de las Cortes Valencianas, el Consell avanza en su hoja de ruta.

Pero estas futuras normas no son los únicos frentes sobre los que trabaja el Consell, ya que también está preparando una serie de iniciativas para, ajustándose a su marco competencial, combatir el fenómeno ilegal de la okupación de viviendas y dar más seguridad jurídica a los propietarios. Cabe destacar que según el Sistema Estadístico de Criminalidad del Ministerio del Interior, en la Comunidad Valenciana había 1.134 casas en esta situación a fecha de agosto de 2023, mientras que en Andalucía la cifra era de 1.607, en Madrid 1.025 y Cataluña se disparaba hasta los 4.218 inmuebles okupados.

El plan será importante, ya que hay tres consejerías implicadas (las dos vicepresidencias y la de Justicia e Interior). Aunque el total de las propuestas se dará a conocer «en el corto plazo», según apuntan fuentes de este último departamento, ya hay medidas sobre la mesa que van orientadas a revertir el actual contexto.

37 oficinas en la Comunidad

De este modo, el Ejecutivo presidido por Carlos Mazón reconocerá a todos los propietarios cuyas casas estén okupadas como «víctimas de delitos». Esta nueva condición les permitirá acudir y hacer uso de la red de Oficinas de Atención a las Víctimas de Delitos (OAVD). En el conjunto de la Comunidad hay un total de 37 de estos puntos, coincidiendo con los partidos judiciales de la región más otro en el municipio valenciano de Utiel.

En todos ellos, quienes acudan y acrediten su condición de «víctimas» podrán pedir ayuda entre los psicólogos, profesionales del Derecho y trabajadores sociales que integran la red. Además, toda la atención que se les preste se llevará a cabo independientemente del lugar de residencia del solicitante y se dará bajo los criterios de ser universal, pública, gratuita, integral, multidisciplinar, especializada e individualizada, algo de lo que han estado excluidos los dueños de pisos okupados.

En este sentido, el acceso a la asistencia podrá producirse, al igual que se hace con otro tipo de «víctimas», directamente, es decir, por propia iniciativa; por derivación de los correspondientes órganos judiciales o de los Cuerpos y Fuerzas de Seguridad del Estado, así como a raíz de notificaciones de órdenes de protección o del sistema Viogén; por los juzgados de guardia o ámbitos como Servicios Sociales, educativos o sanitarios, entre otros.

Cuatro fases de atención

Con todo lo anterior, el Consell subraya que la okupación ilegal está tipificada en el artículo 245 del Código Penal, por lo que cree que, como poder público, el Gobierno autonómico tiene que velar por la «garantía» de los «derechos» de quien tiene de manera irregular y sin consentimiento viviendo en su domicilio a otras personas de cara a la «recuperación de la víctima y reducir la revictimización de un proceso penal».

Así, la red OAVD les integrará y ofrecerá varios servicios, divididos en cuatro fases. La primera será la de información, sin necesidad de que haya una denuncia previa. En esta etapa se les detallará a las «víctimas» sus derechos ante un eventual procedimiento penal y de los servicios especializados que requieren para encararlo. Seguidamente está el tiempo del acompañamiento, donde se realizará «cualquier diligencia judicial que sea necesaria», incluida la solicitud de un abogado de oficio si se tuviera derecho a ello.

La tercera ayuda a disposición de un vecino «víctima» de okupación será la intervención, que tendrá lugar en caso de que quien la pida sea una persona o una familia especialmente vulnerable. Por último, en base a la necesidad que cada víctima requiera y a los servicios especializados que actúan con los afectados, se procederá a la derivación coordinada.

Según señala la directora general de Asistencia a las Víctimas de la Generalitat Valenciana, Belén Pulgar, el Consell aprobará esta propuesta en base a lo que estipula el propio Estatuto de la Víctima y recalca un hecho importante hasta que tenga luz verde de manera definitiva: «La okupación es un delito y dado que la víctima está manifiestamente desprotegida e indefensa, en la Consejería de Justicia recordamos que el turno de oficio está a disposición para aquellas personas vulnerables que sufran una okupación y que necesiten una asistencia jurídica», afirma la dirigente.