Mazón prepara una ofensiva judicial para que las empresas de la trama del hermano de Puig devuelvan el dinero

El presidente de la Generalitat Valenciana, Carlos Mazón, prepara una batalla judicial para que dos de las empresas de la trama de Francis Puig, hermano del expresidente autonómico valenciano Ximo Puig, devuelvan las subvenciones públicas obtenidas indebidamente.

El presidente 'popular' ha anunciado este jueves que la Abogacía de la Generalitat Valenciana recurrirá la caducidad de los procedimientos judiciales e iniciará un nuevo proceso con el fin de que los valencianos «puedan recuperar los 170.000 euros que el Botánico perdonó al hermano de Ximo Puig de una vez por todas». Mazón ha condenado durante su intervención en la sesión de control celebrada este jueves en Las Cortes Valencianas «la utilización de recursos públicos para beneficiar a los familiares de Ximo Puig».

Asimismo, ha incidido en que la Justicia ha evidenciado, a través de una sentencia del Tribunal Superior de Justicia de la Comunidad Valenciana, que tan solo por tres o cuatro días los valencianos han perdido esa cantidad, que ha ido a parar «al bolsillo de los amigos del hermano del expresidente», en referencia a los 3.209, 17.372 y 55.260 euros en el caso de Canal Maestrat, y 24.976, en el de Kriol, sociedades del socio del hermano de Puig Enrique Adell Bover.

Mazón ha recordado que, como ha publicado El Debate, la Unidad de Delitos Económicos de la Guardia Civil reveló que el Gobierno del Botánico justificaba subvenciones en la región con vídeos de Aragón y Cataluña, entre otras incongruencias. El político alicantino también ha afeado que las empresas contra las que se dirigía el reintegro de subvenciones incumplieron las condiciones necesarias para obtener subvenciones, por lo que fueron sancionadas por la Comisión de Defensa de la Competencia de la Comunidad Valenciana, en 2020, por «infracción muy grave», con una multa de 26.103,5 euros.

Una auditoría a las cuentas del Botánico

El presidente 'popular' ha indicado que mantiene su idea de realizar una auditoria del sector público valenciano para «perseguir el malgasto y las irregularidades del anterior Gobierno del Botànic» puestas de manifiesto por la intervención o la Sindicatura de Cuentas como «la contratación de más de 2.000 personas sin autorización o la adjudicación a dedo y sin expediente de más de 786 millones de euros».

Mazón también ha recordado la apertura de diligencias por parte del Tribunal de Cuentas después del informe de fiscalización de las cuentas de 2022 elaborado por la Generalitat Valenciana en el que se están investigando «presuntas irregularidades en la ejecución de los contratos para la prestación del servicio de asistencia sanitaria».

Por último, el presidente autonómico valenciano ha señalado que desde la Consejería de Igualdad y Políticas Inclusivas se «daban subvenciones y no se preocupaban ni de comprobar y exigir su devolución cuando no se cumplían requisitos», lo que supone otra irregularidad por parte del anterior Ejecutivo.