Los agricultores de Castellón barajan montar patrullas ciudadanas ante los robos: «No son simples chatarreros»

Los agricultores de la provincia de Castellón están hartos de los robos en el campo, por lo que se plantean organizar patrullas ciudadanas nocturnas para protegerse ante una nueva oleada delictiva.

Así lo ha anunciado la organización La Unió Llauradora, que ha denunciado nuevos robos esta semana en varios pozos de riego de la localidad de Torreblanca (Plana Alta), con pérdidas que superan los 150.000 euros y graves destrozos en las instalaciones. Estos robos se suman a los ya denunciados por esta organización hace unos días en Almenara.

El término municipal de Torreblanca y alrededores acumulan 14 sociedades de riego y un centenar de pozos con instalaciones eléctricas susceptibles de ser afectadas por esta oleada de robos. En esta misma semana se han producido asaltos y robos en tres de estos pozos, como son El Raspall, El Remei y Les Altures, y se ha robado o causado desperfectos en bombas, cableado, cuadros de mando y automatismos, transformadores de luz, caudalímetros, además de desperfectos en puertas, vallado y resto de las instalaciones.

Para cometer esos robos se producen además considerables destrozos en las casetas donde se encuentran los contadores al reventar las puertas para acceder a las instalaciones, así como destrozos en las propias instalaciones del riego por goteo.

Se trata, al parecer, de ladrones profesionales porque para manipular estos elementos que llevan una fuerte carga eléctrica hay que tener conocimientos de electricidad y, sobre todo, material y vehículos para perpetrar el robo. «No se trata de simples chatarreros», denuncian algunos de los regantes afectados.

Desesperación e impotencia

Las comunidades de regantes están desesperadas e impotentes ante este aumento de los hurtos y también los agricultores, porque les supone un sobrecoste en el mantenimiento común de la instalación de riego. Y es que las sociedades de riego afectadas no tendrán más remedio que aumentar las cuotas a los socios para sufragar estos gastos extraordinarios.

La Unió considera que todo esto, junto al incremento del precio de la energía y del resto de costes, supone que cada vez el precio del metro cúbico de agua para regar resulte más elevado, con un incremento de los costes de producción y una reducción para la ya maltrecha rentabilidad del sector agrario.

El recorte de efectivos de vigilancia, tanto de fuerzas de seguridad como la Guardia Civil, del Seprona o de las guarderías rurales, provocan mayores facilidades para cometer estos actos delictivos y que queden también impunes. Por ello, los agricultores de la zona se plantean realizar las mencionadas patrullas nocturnas para proteger los pozos.

Aparte de estos robos, existen otros en pozos privados más pequeños en Torreblanca y en poblaciones de los alrededores como Cabanes, Alcalá de Chivert, las Cuevas de Vinromá y Villanueva de Alcolea. Existen pocas patrullas de la Guardia Civil para cubrir todos estos términos municipales y todavía se van a reducir aún más, ya que el cuartel de Alcocéber pasará a ser oficina de atención.

La Unió solicita mayor vigilancia en las zonas rurales y una efectiva coordinación entre las diversas fuerzas de seguridad del Estado, del Seprona y de las policías locales para evitar que se cometan más robos, según apuntan en un comunicado.

Reclaman más presencia policial

Insiste por tanto en la necesidad de incrementar los presupuestos destinados a la seguridad en el ámbito rural, con las mismas obligaciones que los habitantes de las zonas urbanas, pero también con los mismos derechos. Así, La Unió propone reforzar los medios de las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado, particularmente los equipos ROCA, para aumentar la seguridad en el medio rural y combatir los robos en las explotaciones agrarias.

También insta a perseguir el comercio de mercancía robada, porque «está claro que si alguien roba es porque alguien se lo compra. Es importante la vigilancia para intimidar, pero también el cumplimiento de la justicia y la persecución de los canales de comercialización ilícitos. Por ello insta a inspeccionar almacenes o chatarrerías sospechosas de comercializar con esos productos robados», señala La Unió.

Otra de las demandas de esta organización pasa por facilitar y agilizar la presentación de denuncias por parte de las personas afectadas, pues en muchas ocasiones desisten de interponerlas ante las dificultades que encuentran.