Un agente del Seprona, junto al ministro del Interior, Fernando Grande-Marlaska
La Asociación de Guardias Civiles estalla contra Marlaska tras la agresión a un agente en Alicante
La AUGC reclama al Gobierno el reconocimiento de la Benemérita como profesión de riesgo tras el aumento de incidentes sufridos por sus integrantes en toda España
Un juzgado de la ciudad alicantina de Torrevieja ha condenado a un hombre por un delito de violencia doméstica y a indemnizar a dos guardias civiles que resultaron agredidos durante su detención. Esta sentencia ha servido a la Asociación Unificada de Guardias Civiles (AUGC) para reiterar su demanda al Gobierno de reconocer a la Benemérita como una profesión de riesgo, una condición que ya tienen las policías autonómicas. Además, el colectivo denuncia el aumento de incidentes de este tipo a los miembros de las Fuerzas de Seguridad del Estado y solicita modificaciones en el Código Penal para reforzar el principio de autoridad de los agentes.
El incidente desencadenante de la denuncia ocurrió en mayo de 2023 en el citado municipio cuando una mujer acusó a su hijo por un delito de violencia doméstica. Éste se atrincheró en su domicilio, bloqueando la puerta con muebles e impidiendo el acceso a su madre. Varias patrullas de la Guardia Civil acudieron al lugar para detenerlo, pero fueron recibidos con insultos y amenazas. La negativa del individuo a abrir la puerta obligó a los agentes a requerir la presencia de un cerrajero.
Una vez abierta la cerradura, el acusado agredió a puñetazos al primer agente que intentó entrar, provocando la intervención del resto para inmovilizarlo. Tras un violento forcejeo que terminó en el suelo, finalmente lograron reducirlo y ponerle las esposas. Dos guardias civiles sufrieron lesiones importantes que requirieron tratamiento médico y farmacológico.
Uno de los lesionados, afiliado a la AUGC, solicitó los servicios jurídicos de la entidad, representados por el letrado Alberto Manuel Mollá Díez, para ejercer la acusación particular contra el denunciado. La magistrada del Juzgado de lo Penal número 4 de Torrevieja condenó al acusado a ocho meses de prisión y a la inhabilitación para el ejercicio del sufragio pasivo por un delito de atentado contra los agentes de la autoridad. Además, se le impuso una multa de ocho meses con una cuota diaria de seis euros por dos delitos de lesiones, lo que suma un total de 1.440 euros por cada uno de ellos, así como una indemnización de 1.080 euros y 1.930 euros a los agentes agredidos en concepto de responsabilidad civil subsidiaria.
Aumento de las agresiones
La AUGC de Alicante destaca que, según los datos del Sistema Estadístico de Criminalidad del Ministerio del Interior, el año 2023 se cerró con 16.762 agresiones a miembros de las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado, un incremento del 0,66 % respecto al año anterior. La asociación prevé que estas cifras se superarán en 2024. En los primeros ocho meses de 2023, Alicante registró 626 agresiones a policías y guardias civiles, siendo la cuarta provincia con más incidentes, superada solo por Madrid (2.191), Barcelona (1.177) y Valencia (752).
La Guardia Civil tiene una fuerte presencia en la provincia, especialmente en el puesto principal de Torrevieja, del que dependen las estaciones de Guardamar, Torre de la Horadada de Pilar de la Horadada, Callosa de Segura, Dolores y Almoradí.
«Falta de voluntad» de Marlaska
El colectivo, configurado como asociación profesional ya que los sindicatos están prohibidos en la Guardia Civil, celebra que los agentes no hayan sufrido lesiones más graves en esta ocasión. La AUGC solicita nuevamente al ministro del Interior, Fernando Grande-Marlaska, que considere a los miembros del Instituto Armado como una profesión de riesgo, al igual que las policías autonómicas. También pide un endurecimiento de las penas en el Código Penal para este tipo de delitos, con el fin de reforzar el principio de autoridad y asegurar un entorno seguro para los agentes.
Desde la AUGC, se denuncia la falta de reconocimiento oficial como profesión de riesgo, lo que impide a los guardias civiles contar con las medidas de protección y compensación necesarias para su labor en situaciones de alto riesgo. Este reconocimiento es esencial para garantizar la seguridad y los derechos de los agentes.
La asociación ha solicitado en reiteradas ocasiones reuniones urgentes con el ministro del Interior para discutir la implementación de este reconocimiento y asegurar medidas adecuadas para proteger a los miembros de la Benemérita. Sin embargo, hasta la fecha, no han recibido respuesta de Grande-Marlaska ni han percibido voluntad de avanzar en esta dirección.
