Serafín Castellano, en su etapa como dirigente del PP de la Comunidad Valenciana

EUROPA PRESS
28/1/2013

Serafín Castellano, en su etapa como dirigente del PP de la Comunidad ValencianaEuropa Press

Serafín Castellano acepta dos años y siete meses de cárcel por el «cártel del fuego» valenciano

Consejero entre 1999 y 2014 y delegado del Gobierno en la Comunidad Valenciana, se enfrentaba a una petición de la Fiscalía de 21 años de prisión

Serafín Castellano ha aceptado este martes en el juicio al «cártel del fuego» una pena de dos años y siete meses de prisión al reconocer su participación en procesos irregulares de adjudicación de contratos de extinción de incendios en el sector de la navegación aérea.

En el juicio, celebrado en Madrid, han llegado a acuerdos de conformidad con el fiscal doce de los dieciséis acusados, entre ellos Castellano, que fue consejero autonómico entre 1999 y 2014, delegado del Gobierno en la Comunidad Valenciana y dirigente del PP valenciano. La Fiscalía pedía en un primer momento 21 años de prisión.

Entre los acusados que han alcanzado un acuerdo de conformidad con la Fiscalía Anticorrupción se encuentra también el empresario Vicente Huerta, que ha aceptado una pena de tres años y cinco meses de cárcel al reconocer los hechos a cambio de una rebaja de la que solicitaba el fiscal, que era de 25 años de prisión, según informa Efe.

El exdelegado del Gobierno en la Comunidad Valenciana y exconsejero del PP, Serafín Castellano

El exdelegado del Gobierno en la Comunidad Valenciana y exconsejero del PP, Serafín CastellanoEuropa Press

En el auto por el que la Sala de lo Penal confirmó el procesamiento de los encausados, en noviembre de 2022, recordaba que el juez instructor, al procesar a un conjunto de personas entre empresarios de la navegación aérea, autoridades o funcionarios, describió prácticas «con ánimo de lucro» para «alterar los términos de la normal concurrencia en los procesos de contratación y adjudicación pública», corrompiendo mediante presuntos sobornos.

Los empresarios y sus compañías se habrían repartido geográficamente el mercado de la contratación pública en el sector, así como los procedimientos concretos de contratación, incluso mediante progresivas reuniones en las que preestablecían qué sociedades concurrirían, en qué zonas de influencia y las sucesivas compensaciones y liquidaciones económicas dentro del propio cártel.

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