Fachada de la Audiencia Provincial de Valencia
Archivan la causa de un empresario de la trama de financiación ilegal del PSPV porque el delito ha prescrito
La Audiencia Provincial de Valencia da la razón al constructor Javier Luján porque los supuestos delitos por los que estaba investigado se habrían cometido hace 15 años, cuando el plazo de prescripción es de 10
La Audiencia de Valencia ha archivado la causa contra el constructor Javier Luján, que estaba investigado en el contexto del caso Azud, concretamente en una pieza separada del sumario principal que afectaba a la supuesta financiación ilegal de PSPV-PSOE. Según la Sala, en un auto que data del pasado 5 de junio, los delitos que figuran en el procedimiento habrían prescrito, con lo que no caben más actuaciones.
El nombre del empresario constaba en la causa acerca de una presunta financiación irregular de los socialistas de la Comunidad Valenciana respecto a gastos 'en B' en tres campañas electorales enmarcadas entre los años 2007 y 2008. Frente a estas acusaciones, Luján recurrió, aduciendo que los hechos por los que se le imputó en su día «están circunscritos, exclusivamente, a los supuestos pagos que se produjeron en el año 2007 en el marco de la adjudicación del contrato del Tramo E de la conducción del trasvase Júcar-Vinalopó por parte de la empresa Aguas del Júcar».
«Presunto complejo entramado»
Además, su defensa ya apuntó en su escrito que este tipo de delitos tiene un plazo de prescripción de diez años y, dado que la investigación arrancó a los 15 años de haber cometido presuntamente los ilícitos, éstos ya están prescritos y se debía dar carpetazo definitivo a la causa.
En esta línea, según ha adelantado Valencia Plaza, los magistrados aceptan el argumento de los abogados de Luján y aseguran que «procede, en consecuencia, declarar extinguida, por prescripción del delito, la eventual responsabilidad penal en que hubiere podido incurrir Francisco J. Luján Morant en relación con el comportamiento desplegado respecto a la adjudicación del contrato de obra pública del tramo E de conducción del Trasvase Júcar-Vinalopó, procediendo, en relación con este concreto comportamiento e investigado, el archivo de las actuaciones».
Sin embargo, la victoria judicial para el constructor no es total, ya que la Audiencia de Valencia mantiene la unión de a pieza separada y la principal de la trama Azud porque en ella se investiga «un presunto complejo entramado en el que son varias las mercantiles que, supuestamente, hicieron pagos» para financiar de manera ilegal dos campañas electorales.
