El PP se blinda frente a los órdagos de Vox y a la estrategia de Morant con la Diputación de Valencia
Mientras Mazón y Catalá esperan sacar adelante los Presupuestos para 2025 con el apoyo de los de Abascal, Mompó sigue gobernando en el organismo provincial pese a los intentos de la ministra de atraer a su socio a un gobierno con el PSPV-PSOE
Si el último curso político terminó con el terremoto producido por Santiago Abascal rompiendo unilateralmente todos los gobiernos autonómicos en los que estaba en coalición con el Partido Popular, el nuevo lo ha hecho sintiendo las réplicas de este seísmo (con el paréntesis veraniego protagonizado por la llegada masiva de inmigrantes y el cupo catalán) y comprometiendo mucho más de lo que lo estaba hace un año la estabilidad en no pocas instituciones en las que gobierna el centro-derecha.
Por ceñir el análisis a las tres principales, Vox ya ha dejado claro que si el presidente de la Generalitat Valenciana, Carlos Mazón, quiere aprobar los Presupuestos para 2025 tendrá que sudar, ya que, con la presumible negativa inamovible del PSPV-PSOE y Compromís, lo único que evitaría no tener que prorrogar las cuentas es el voto afirmativo de los conservadores. Lo cierto es que el Ejecutivo que formaban ambas formaciones avanzaba firme y cumpliendo el pacto firmado en julio de 2023, por lo que está por ver en qué se traduce la «coherencia» que el número dos de Abascal, Ignacio Garriga, reclamó en las propias Cortes Valencianas días atrás.
Desde la salida de Vox del Consell, Mazón en todo momento ha manifestado su intención de agotar la legislatura, pero nunca obviando que necesitará apoyos parlamentarios para ello. De hecho, su intervención la pasada semana en el Debate de Política General sirvió para profundizar en un plan que consta de cuatro años y, a la par, para tender la mano a la oposición en asuntos tan sensibles para la región como el agua, las infraestructuras o la financiación. No obstante, el fantasma de unas elecciones anticipadas siempre estará ahí dada la minoría del PP, un proceso cuyo botón para su activación únicamente depende del presidente.
Estabilidad «absoluta»
En el Ayuntamiento de Valencia, el panorama no es tan gris como en las Cortes, pero ni mucho menos está despejado. El líder municipal de Vox y segundo teniente de alcalde, Juanma Badenas, ha advertido de que «cualquier incumplimiento» sobre el acuerdo suscrito hace un año con la alcaldesa, María José Catalá, «podría suponer la ruptura» del Ejecutivo local, bien sea el motivo la elaboración de los Presupuestos del Consistorio para el próximo ejercicio u otro asunto, con lo que se incluiría lo relativo a la inmigración pese a ser una administración local.
Al respecto, la regidora asegura que la estabilidad de su Gabinete actualmente es «absoluta» y garantiza que va a respetar «todos los pactos». «Nos comprometimos a poner Valencia por encima de todo y, además, aclaramos cuestiones como, por ejemplo, el Presupuesto», indica la primera edil, destacando que en las negociaciones PP y Vox «aclararon competencias, proyectos conjuntos y cuestiones que queríamos modificar y mejorar en la ciudad».
Al respecto, cabe subrayar que en el caso de los ayuntamientos, la ley no permite que se disuelvan y convoquen elecciones anticipadas. De este modo, si Vox decidiera tomar el mismo camino que en la Generalitat, dejaría a Catalá en minoría (13 concejales de 33) y le podría complicar la aprobación de leyes, pero en ningún caso la estrategia de presión podría forzar una apertura de las urnas antes de mayo de 2027. Tampoco estaría en disposición de desalojar a la 'popular' de su cargo, dado que la opción de que los de Abascal se unieran a nacionalistas y socialistas en una moción de censura se antoja algo del todo imposible.
Por último, la tercera gran institución gobernada por el PP es la Diputación de Valencia. En ésta, la 'X' en la ecuación no es el comportamiento de Vox, sino un partido minoritario como es Ens Uneix, que ostenta la vicepresidencia del organismo. Si en los ejemplos anteriores las situaciones eran enrevesadas, en lo concerniente a lo provincial va para medalla. El presidente, Vicent Mompó, está en ese puesto gracias al voto del citado Ens Uneix, que optó por ese sentido no por una cuestión de ideología, ya que es de izquierdas, sino por los conflictos internos del PSPV-PSOE.
Su líder es Jorge Rodríguez. Como si de un guion cinematográfico se tratara, fue detenido e imputado por corrupción cuando estaba a frente de la Diputación y militaba en las filas socialistas. Inmediatamente, Ximo Puig le expulsó del partido y pasó al ostracismo político hasta que, finalmente, resultó absuelto de todos los cargos de los que se le acusaba y decidió crear su propia organización. Por ello mismo, y puesto que las relaciones con la cúpula de sus excolegas era la que era, decidió mandarles a la oposición.
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No obstante, la federación valenciana ahora está en manos de la ministra de Ciencia, Innovación y Universidades y próxima candidata a la presidencia de la Generalitat, Diana Morant, que en diversas ocasiones ha dejado entrever que le gustaría «restaurar el daño hecho» a Rodríguez y que la formación que desde marzo dirige «tiene una deuda» con él.
No obstante, este movimiento nada sutil de seducción a Ens Uneix para que abandone al PP y forme un gobierno con los socialistas en la Diputación, al menos de momento, tiene pocos visos de prosperar, ya que la formación localista ha expresado en más de una ocasión que está «cómoda» con Mompó y, además, ha criticado a ciertos pesos pesados de la ministra en el PSPV-PSOE, a quien relacionan con el ximismo y, por tanto, con quienes abandonaron institucionalmente a su suerte a Rodríguez.