Sánchez insta a Mazón a crear casi 800 nuevas plazas para menas que supondrían un sobrecoste de 56 millones

El Gobierno de Pedro Sánchez quiere que la Comunidad Valenciana cree 764 nuevas plazas para acoger a menores inmigrantes no acompañados. A nivel regional, solo considera que Madrid y Andalucía deberían de crear más camas para los menas, con 1.145 y 839, respectivamente, de acuerdo a la propuesta de derivación según criterios de población planteada por el Ejecutivo central.

La iniciativa, surgida del Ministerio de Juventud e Infancia, indica que la región debería ser la tercera que más esfuerzo tendría que hacer para el reparto vinculante de los menores, en plena ola de pateras y otras embarcaciones llegadas a las costas canarias, de acuerdo con uno de los documentos de trabajo sobre esta materia al que ha tenido acceso Efe y que no especifica que el Gobierno se refiera solamente a inmigrantes, aunque supongan el grueso de esa asistencia.

Según los cálculos realizados por este diario, la factura para la acogida no va a ser barata y supondría casi triplicar los recursos económicos que destina actualmente la Generalitat Valenciana para este cometido, si se dieran exactamente las mismas condiciones que hasta ahora.

Los menas acogidos en la Comunidad Valenciana le costaban en julio casi 100.000 euros diarios a los contribuyentes. En ese momento, en la región había alojados 481 menores en un total de 23 centros cuyo coste anual ascendía a más de 35 millones de euros. A finales de ese mes, el Gobierno autonómico anunciaba que desde comienzos de 2024 hasta entonces la cifra había aumentado hasta los 527.

La Generalitat paga 35 millones al año

En España harían falta 4.437 plazas, principalmente en las citadas tres regiones. Según la ministra del ramo, Sira Rego, la creación de esas nuevas plazas según este sistema tendría un coste «muy muy muy muy bajo» para las comunidades autónomas. En el caso de la valenciana, la cifra no sería baladí, ya que supondría un sobrecoste de 56 millones de euros al año, que sumados a los citados 35 arrojarían un importe de casi 100 millones anuales (90,6).

Este plan se enmarca dentro del contexto de las conversaciones sobre inmigración entre el Gobierno de Sánchez, el Ejecutivo canario y el PP, que la semana pasada anunció que suspendía las negociaciones. El anuncio de los de Alberto Núñez Feijóo se produjo en un momento en el que desde Vox presionaban para la aprobación de los presupuestos de varias comunidades autónomas, entre ellas en las que gobernaban en coalición con el PP hasta que se produjeron las rupturas por ese reparto de menas, incluido el de la Comunidad Valenciana.

Hace escasas jornadas, Vox presentaba en las Cortes Valencianas una proposición no de ley para que se le realizarán pruebas de edad a los menores inmigrantes no acompañados para determinar si eran realmente menores, después de que un estudio del Instituto de Medicina Legal de Aragón determinara que el 90 % de los considerados menas en esa región en realidad eran adultos. El presidente de la Generalitat Valencia, el 'popular' Carlos Mazón, señalaba que veía «con buenos ojos» la propuesta. Desde su Gobierno estiman en aproximadamente el 170 % la sobreocupación que soportan a día de hoy los centros de acogida valencianos.