Unos menores extranjeros no acompañados, en una imagen de archivo
La llegada de menas a los centros de acogida valencianos ha aumentado casi un 150 % en lo que va de año
Desde la Generalitat Valenciana denuncian que el Gobierno de España actúa «sin previsión y con absoluta falta de falta de responsabilidad y solidaridad» con las comunidades autónomas
Los menores extranjeros no acompañados han multiplicado su presencia en la Comunidad Valenciana desde comienzos de año. La Generalitat Valenciana ha ofrecido nuevos datos sobre la acogida de menas y ha señalado que en lo que llevamos de 2024 la cifra ha aumentado en 314, alcanzando ya los 527. El 1 de enero esta cantidad era de apenas 213, por lo que el porcentaje ha aumentado casi un 150 % en menos de ocho meses.
El Consell lleva denunciando la mala gestión migratoria, en general, y de los menores, en particular, por parte del Gobierno de Pedro Sánchez desde hace semanas, cuando estalló la crisis entre Partido Popular y Vox que acabó con la salida de estos últimos de los gobiernos de coalición de cinco comunidades autónomas, incluida la valenciana. Poco antes de la ruptura, desde el Ejecutivo autonómico apuntaban a que los centros de acogida de la región estaban al 170 % de su capacidad.
El reparto de los más de tres centenares de nuevos menores extranjeros acogidos en la Comunidad Valenciana se distribuye entre 146 en Valencia, 120 en Alicante y 48 en Castellón. En la capital de La Plana hay cinco centros gestionados por la Consejería de Servicios Sociales, Igualdad y Vivienda, según indicaba este martes el portavoz del grupo municipal del PP en el Ayuntamiento castellonense, Sergio Toledo, quien precisaba que, en todo caso, «las competencias en materia de inmigración dependen del Estado y en ningún caso de los ayuntamientos».
En este sentido, este martes el equipo de Gobierno formado por PP y Vox en el Ayuntamiento de Valencia presentó una moción por la que se insta al Gobierno de España a que asuma de forma diligente sus competencias en la definición, planificación y desarrollo de una política de inmigración legal, eficaz, segura y ordenada, según lo establecido en la Constitución. También ambos partidos reclaman a Sánchez tomar todas las medidas necesarias para transferir los recursos adecuados para hacer frente al colapso de los centros de acogida en todas las regiones de España y se insta a las autoridades europeas a que se refuercen los programas de cooperación de los países de origen.
El portavoz municipal de Vox, Juanma Badenas, recordó sobre los centros de acogida que «en Valencia concretamente hay una sobreocupación del 170 %, lo cual supone 96.200 euros diarios de coste para los valencianos, lo que supone a su vez 35 millones de euros anuales», como publicó El Debate.
Para el Ejecutivo autonómico liderado ahora en solitario por el 'popular' Carlos Mazón, la situación que se vive en Valencia y el resto de ciudades de la Comunidad Valenciana es la de una «emergencia migratoria» y una «situación de crisis», en palabras de la vicepresidenta y consejera de Servicios Sociales, Susana Camarero, quien pedía este lunes al Gobierno de Sánchez que mueva ficha. Por el momento, se le complican las cosas, toda vez que no cuenta con el apoyo del PP ni de sus socios de Junts para enfrentar la reforma de la Ley de Extranjería.
Camarero ha pedido a Sánchez que convoque la Conferencia de Presidentes para ofrecer explicaciones a las comunidades autónomas sobre la gestión inmigratoria, que requiere «planificación, coordinación y financiación para poder afrontarse forma eficiente y efectiva». Y es que, a su juicio, España está actuando «sin previsión y con absoluta falta de falta de responsabilidad y solidaridad» con las regiones, de las que, ha dicho, están «haciendo un esfuerzo que no se reconoce y sin recursos ni financiación».
Para el Gobierno valenciano son necesarios «una hoja de ruta y un plan de choque que atienda la dimensión del problema migratorio en conjunto y sea abordada como política de Estado» y que requiere, asimismo, una respuesta europea, una planificación responsable, medidas de ayuda, protocolos de identificación en origen y un abordaje del futuro de los menas tutelados por las administraciones autonómicas.
Pide al Gobierno que financie el coste
«Nos encontramos con una política migratoria del Gobierno inexistente y basada en únicamente en la solidaridad de las comunidades autónomas», ha lamentado la consejera, quien ha abundado en que son éstas «las que proporcionamos la atención a las personas migrantes y las que tenemos los centros en situaciones muy complicadas, en especial, los centros que acogen a menores que se encuentran, en el caso de la Comunitat Valenciana, a más del 170 % de capacidad».
«Estamos acogiendo y atendiendo y que llegan entre los cupos de mayores, por la falta de diligencia y responsabilidad del Gobierno, que no realiza identificaciones de edad en Canarias antes de su traslado», ha afeado Camarero al Ministerio de Inclusión, Seguridad Social y Migraciones, liderado por Elma Saiz, a quien ha pedido que financie el coste de los menores, que asciende a 200 euros por cabeza diarios, según los datos del Consell.
La dirigente 'popular' ha pedido al Ejecutivo de Sánchez que declare «la emergencia migratoria en todo el territorio nacional para que las comunidades autónomas podamos afrontar esta situación de crisis». Mientras tanto, la llegada de pateras a las costas españolas se multiplica. Esta misma semana se interceptaban tres embarcaciones precarias en la provincia de Alicante con 40 personas a bordo de las que cinco eran menores.
