El Ayuntamiento de Valencia se adelanta a la lentitud burocrática del Gobierno: «No se puede perder tiempo»

«No hacer perder el tiempo a las personas afectadas». Esa es la máxima expuesta por la alcaldesa de Valencia, María José Catalá, en lo relativo a la gestión y reconstrucción de las zonas devastadas por la DANA que el pasado 29 de octubre sacudió la provincia levantina. Con más de 200 muertos entre diversos municipios, los daños y las víctimas en la capital autonómica corresponden a tres de sus pedanías. En concreto La Torre, Horno de Alcedo y Castellar.

En este sentido, la regidora no quiere que pase un minuto en balde mientras a los vecinos que han sufrido los estragos del temporal se les juntan la desolación, las labores de limpieza y desescombro y la desesperación ante un sinfín de trámites administrativos con tal de intentar recuperar una parte de todo lo que han perdido por la fuerza del agua.

Por ello mismo, el Ayuntamiento de Valencia se ha adelantado a la lentitud burocrática del Gobierno central. Uno de los ámbitos en los que lo ha hecho es en lo referente al formulario para pedir ayudas. Como el Ejecutivo presidido por Pedro Sánchez todavía no ha elaborado uno propio, las autoridades municipales ya se encuentran trabajando en uno con tal de «facilitar al máximo un trámite administrativo que siempre es complejo».

«Inquietud» por los seguros

Además, la primera edil ha confirmado que la Junta de Gobierno Local ha aprobado la incorporación a las oficinas de atención in situ en las tres pedanías de personal público especializado en seguros ya que existe «una problemática y una inquietud al respecto». De hecho, el propio Ayuntamiento está asumiendo el coste de los peritajes de los desperfectos ocasionados en las casas cuyos propietarios carecen de una póliza.

De no haber sido así, los gastos los tendrían que haber pagado los mismos dueños de las viviendas, con lo que Catalá entiende que por parte del Ejecutivo central «se podría haber hecho una reacción un poco mejor». Lo mismo sucede con la exención del Impuesto de Bienes Inmuebles (IBI) a los damnificados. El decreto aprobado por Sánchez establece que a ésta solo se pueden acoger aquellos vecinos que han sido realojados.

Sin embargo, la mandataria explica cuál es la realidad sobre el terreno: «Muchos afectados es gente que vive en casas de huerta en las que la planta de abajo está inhabitable y se han ido a vivir a la planta de arriba», detalla. Igualmente, pide al Gobierno que se replantee liberar del pago del Impuesto de Vehículos de Tracción Mecánica a los que han perdido dicho medio de transporte como consecuencia de la riada.

«Espero que en las próximas horas se perfeccionen y mejoren todas esas cuestiones y podamos trabajar conjuntamente como lo hemos hecho hasta ahora para ayudar a todas esas personas», desea la 'popular', subrayando que esa es la «prioridad» junto con la reapertura de los centros escolares que a día de hoy siguen cerrados en las pedanías, algo que prevé que se pueda llevar a término esta misma semana.

Por último, Catalá aboga por la unidad entre administraciones para superar este dramático y repentino contexto, aunque cuestiona la gestión de la riada que hizo la Confederación Hidrográfica del Júcar, dependiente del Ministerio para la Transición Ecológica, el mismo día 29. «Ya llegará el momento de saber quién no avisó a quién. A mí la Confederación no me avisó en ningún momento de nada y soy un municipio afectado. Pero ya llegará ese momento», remarca.

En cuanto a las acciones del Ayuntamiento durante las primeras horas de la gota fría, fuentes del Consistorio consultadas por El Debate recuerdan que se rescató a «3.000 personas de las carreteras con autobuses de la Empresa Municipal de Transportes (EMT)» y que más de 600 vecinos fueron alojados «en dos pabellones», con lo que pudieron dormir bajo un techo y se les proporcionó alimentos.

Del mismo modo, se «movilizó a más de 2.500 trabajadores locales», entre ellos bomberos y policías, que se organizaron en «brigadas de limpieza, obras y tareas de mantenimiento».