La Fiscalía, a favor de investigar la gestión de la dana de Mazón aunque no le atribuye ningún delito

La Fiscalía del Tribunal Superior de Justicia de la Comunidad Valenciana (TSJCV) se ha mostrado a favor de investigar la gestión de la dana del pasado 29 de octubre llevada a cabo por la Generalitat Valenciana. Aún así, con tal de esclarecer si hubo algún tipo de negligencia en la muerte de 223 personas y de los daños materiales sufridos, el Ministerio Público se inclina a que las pesquisas las lleve a cabo un juzgado de instrucción, con lo que en ese momento procesal el presidente regional, Carlos Mazón, no podría ser imputado.

En concreto, la Fiscalía apunta a que pudiera haber habido durante aquel trágico día una «desatención de sus deberes» por parte de la Administración autonómica, siguiendo de esa manera lo expuesto en sus denuncias por los vecinos que decidieron acudir a la justicia. En este sentido, tampoco descarta que de que «ajenos a los escenarios de alertas y mensajes que se estaban emitiendo por distintos organismos, omitieron el dictado de resoluciones y de decisiones que eran de su competencia, y de ese modo no evitaron o, cuanto menos, no redujeron, la entidad de la catástrofe acaecida».

Salomé Pradas ya no es aforada

Ahora deberá ser la presidenta del TSJCV, Pilar de la Oliva, la que decida qué recorrido tiene la causa. En este sentido, puede optar por asumirla el Tribunal, con lo que podría citar al jefe del Consell o, si sigue la línea marcada por el Ministerio Público, trasladaría el conjunto de denuncias presentadas a los distintos juzgados de instrucción, para que sean estos los que procedan a su reparto, aunque sin poder actuar contra Mazón porque la resolución de este martes no detalla ninguna conducta o acción concreta contra el mandatario y, además, es aforado ante el organismo presidido por De la Oliva.

Entre los ámbitos donde la investigación más se centraría sería el papel jugado por la Consejería de Justicia e Interior en relación a los avisos dados a lo largo de la jornada del 29 de octubre y, de manera muy especial, del mensaje masivo a través de la plataforma Es-Alert, que se hizo llegar a los valencianos a las 20:11, cuando ya había fallecidos y el agua avanzaba sin control por decenas de municipios de la provincia.

Este marco de actuación no es baladí, ya que puede afectar directamente a quien fuera consejera del ramo la jornada de la riada, Salomé Pradas, ya que cuando fue cesada en el mes de noviembre también perdió su condición de diputada en las Cortes regionales, con lo que cualquier juzgado de instrucción podría llamarle en calidad de investigada si considera que hay indicios suficientes para ello. Fue ella misma la que, pocos días después del temporal reconoció que tuvo conocimiento de esa herramienta unos 30 minutos antes de enviar el SMS.

«Extremadamente burdo»

En cuanto a las reacciones a la petición de la Fiscalía, fuentes consultadas por El Debate remarcan que el escrito no «atribuye» ningún hecho delictivo a Mazón y califican de «extremadamente burdo» que «justo esta semana, con medio Gobierno y media familia de Pedro Sánchez desfilando por los juzgados», la institución dependiente de Ávaro García Ortiz «decida que es hora de prestarle atención a la dana para ver si los titulares antimazón tapan los titulares antisánchez». «¿De quién depende?», se preguntan retóricamente las fuentes, aludiendo a la célebre frase del Ejecutivo central para referirse al Ministerio Público.

En números globales, se han interpuesto siete denuncias y querellas, aunque diversos familiares de víctimas llevan días agrupándose para formalizar otra, que en esta ocasión se haría en la Audiencia Nacional.