​El horizonte judicial de Mazón por la dana no cesa: recurso de una asociación y querella de un sindicato

El pasado lunes, el Tribunal Superior de Justicia de la Comunidad Valenciana dictaba un auto en el que acordaba inadmitir tres querellas y cuatro denuncias presentadas contra el presidente de la Generalitat Valenciana, Carlos Mazón, por su gestión de la dana. Los magistrados del Pleno de la Sala de lo Civil no apreciaron en los relatos de los denunciantes y querellantes indicios «objetivados que con consistencia o solidez» para declarar al TSJCV competente para investigar a Mazón, que es aforado. El auto apuntaba a que, en todo caso, los impulsores podían ejercer la acción penal en el «hábitat natural de los Juzgados de Instrucción».

Uno de esos impulsores, la asociación Iustitia Europa, que se definen como «el antipartido», reaccionaba señalando que «nuestra querella se dirige exclusivamente contra un aforado y, por lo tanto, es el TSJCV el que tiene que instruir». «Las demás denuncias y querellas acumuladas a nuestra causa 55/2024, tenían todas ellas aforados y no aforados, pero la nuestra no. No puede ser inadmitida por falta de competencia de la sala. Sólo puede ser o admitida por haber indicios racionales o no admitida por no existir dichos indicios», apuntaban en un comunicado, en el que anunciaban que presentarían un recurso de súplica.

«Iustitia Europa continuará trabajando por los valencianos en estos duros momentos. Queremos que se haga justicia. La clase política, de izquierdas o derechas, no está por encima de la ley», zanjaba el escrito, en el que felicitaban la Navidad al dirigente 'popular' a la que vez que criticaban que «nosotros no tenemos las vacaciones de los políticos del Congreso de los Diputados, a quienes no veremos trabajar hasta febrero». El de esta asociación no ha sido, sin embargo, el único movimiento dirigido a reavivar el horizonte judicial de Mazón por su labor durante la riada.

Desde la Confederación General del Trabajo (CGT) emitían otro comunicado, el día de Nochebuena, en el que aseguraban que la Fiscalía les había informado de que la condición de aforado de Mazón impide que sean ellos quienes continúen con el procedimiento, «indicando que la competencia para un futuro hipotético enjuiciamiento corresponde a los Juzgados de Instrucción números 15 o 20 o al que, finalmente resulte competente».

En el escrito, la organización anarcosindicalista anunciaba que no descartaba seguir el proceso de denuncia «ante el Juzgado de Instrucción competente, mediante un procedimiento Penal, para el esclarecimiento completo de los hechos con relevancia penal y para que se lleve a cabo una completa investigación judicial». «Esta inadmisión de la querella presentada por la organización no responde a que no contemplen indicios de un delito, sino a una cuestión interna de los procedimientos y de la atribución de competencias», apuntaban.

Por ello, avanzaban que «estamos dispuestos a seguir adelante con la querella ante el Juzgado de Instrucción competente para hacer todas las investigaciones necesarias a fin de condenar por un delito penal al President Mazón, que abocó a la muerte a trabajadores y trabajadoras con su inacción y mala gestión». «Como sindicato, consideramos que es nuestra labor reclamar que se cumplan los artículos 311 y siguientes en relación a la Prevención de Riesgos Laborales, para que no quede impune aquel que, por inacción, hizo peligrar las vidas de los trabajadores y trabajadoras de las zonas afectadas y alrededores», zanjaban.

Otras organizaciones, como SOS Desaparecidos, también preparan medidas legales por la gestión de la riada, que ha dejado 223 víctimas mortales y tres personas desaparecidas en la provincia de Valencia, aunque, en este caso, será una demanda contra los tres niveles de la administración: local, autonómico y estatal, lo que incluiría a Mazón, pero también a Pedro Sánchez y a los alcaldes implicados.