Las viviendas para los afectados de la dana, nuevo frente de reproche entre la Generalitat y el Gobierno

Los avisos que se dieron o se dejaron de dar el pasado 29 de octubre, las competencias sobre el barranco del Poyo, la llegada tardía del Ejército a los pueblos afectados por la dana, la dilación en hacer efectivas las ayudas y que algunas sean créditos a devolver con intereses… Estos han sido los principales motivos de cruce de acusaciones entre la Generalitat Valenciana y el Gobierno central a cuenta de las respectivas gestiones de la catástrofe. Lejos de preverse a corto tiempo una relajación en la relación, una nueva materia se ha unido a esta lista: las viviendas para los perjudicados por la riada.

Al respecto, la vicepresidenta primera y consejera de Servicios Sociales, Igualdad y Vivienda, Susana Camarero, denuncia la «falta de respuesta y apoyo efectivo» por parte del Ejecutivo de Pedro Sánchez para atender las necesidades habitacionales de los vecinos víctimas del trágico temporal del último martes de octubre y que asoló la provincia de Valencia:

«Comienza el año 2025 y el Gobierno de España no está a la altura de lo que necesitan las familias valencianas afectadas por la dana. Tras dos meses de la mayor catástrofe natural sufrida por nuestro país, hay escasas respuestas por parte del Gobierno de España en materia de vivienda», lamenta la también portavoz del Gabinete liderado por el 'popular' Carlos Mazón.

«Insuficiente y descoordinada»

Según datos expuestos por la número dos del Consell, la Generalitat ha sido la que ha ofrecido hasta 114 viviendas sociales a las familias afectadas y está pagando el alquiler a 812 familias mientras los daños en sus casas son solucionados. Además, asegura que un total de 16.991 familias han recibido los 6.000 euros de ayudas directas para enseres y gastos urgentes que en su día anunció el presidente regional.

Sin embargo, Camarero insta a conseguir «el máximo esfuerzo de todas las administraciones» porque las personas que han perdido su domicilio o han de hacer reformas así lo «necesitan» en aras de que la recuperación sea «más rápida». No obstante, no percibe que el Gobierno esté actuando con la velocidad deseada: «Pese a las reiteradas solicitudes de recursos extraordinarios, detalladas en reuniones y comunicaciones con el Ministerio de Vivienda y Agenda Urbana, y a la propuesta de actuaciones prioritarias para adecuar el parque público de viviendas de la Generalitat, la respuesta del Ejecutivo central ha sido insuficiente y descoordinada», apunta.

A pesar de que el Consejo de Ministros aprobó el 11 de noviembre una subvención de 25 millones de euros destinada a la Entidad Pública Empresarial de Suelo (Sepes), la vicepresidenta autonómica asevera que su departamento desconoce «la efectividad de esta medida en las zonas afectadas, donde la disponibilidad de viviendas es limitada», a la par que se queja de que «en lugar de priorizar la colaboración con la Generalitat para adecuar y movilizar viviendas públicas existentes, el Gobierno ha optado por soluciones que no responden a la urgencia de la situación».

«Falta de compromiso»

En esta línea, destaca que el Ejecutivo valenciano propuso destinar 25 millones de euros para la construcción de 200 viviendas públicas industrializadas, «una solución innovadora y ágil para garantizar el realojo de las familias afectadas en cuestión de meses». «Esta propuesta, que aseguraría viviendas dignas y rápidas de implementar, sigue sin recibir respuesta del Ejecutivo central», insiste.

En términos cuantitativos, Camarero recuerda que la Sociedad de Gestión de Activos Procedentes de la Reestructuración Bancaria (Sareb) cuenta con «1.056» viviendas en propiedad en la provincia, aunque, de nuevo, no sabe si «alguna de ellas está ya entregada para el realojo de familias afectadas por la dana en este momento» pese a que «el secretario de Estado anunció la entrega próximamente de 34 con la promesa de adecuar otras 69». Así, en su opinión, estas cifras «no se corresponden con las 500 viviendas que el propio Ministerio reconoce disponer en los municipios afectados y aún más de las 1.056 que la Generalitat solicitó», remarca.

Con este panorama, 2025 ha empezado del mismo modo que terminó 2024, es decir, con un clima de tensión permanente entre ambas administraciones: «Comienza el año sin respuesta del Gobierno de España ante uno de los problemas más importantes de los afectados, como es el de la vivienda. Recursos limitados y una lenta gestión que refleja una falta de compromiso con las necesidades reales de los afectados», zanja la mano derecha de Mazón.