Piden imputar a Ribó por una piscina ilegal en Valencia

Que buena parte de la atención mediática corresponda a lo relativo a la dana de la provincia de Valencia, a la gestión de aquella jornada, a la posterior reconstrucción de las zonas y a la deriva judicial del caso no significa que la actualidad esté huérfana de otros asuntos políticos que tengan o puedan tener relación con los tribunales. Un buen ejemplo de ello es lo concerniente a la construcción de una piscina descubierta en la localidad valenciana de Alboraya.

El municipio, que colinda con la ciudad del Turia, cuenta desde hace dos años con este equipamiento lúdico. Sin embargo, su puesta en marcha puede que no se ajustara a los parámetros legales vigentes en esas fechas. Al menos, así lo cree la Asociación para la Defensa del Estado de Derecho (ADED). Este colectivo interpuso en su día una denuncia ante el Juzgado de Instrucción número 19 de Valencia.

En concreto, y tras personarse como acusación popular, su escrito advertía irregularidades urbanísticas en su licitación, ya que se construyó en unos terrenos que pertenecen a Valencia y no a Alboraya. Además, se apuntaba que esta ubicación corresponde una zona de huerta protegida por el Plan General de Ordenación Urbana (PGOU) de la capital regional y, al mismo tiempo, que no se procedió a solicitar la pertinente y previa licencia de obras en el Ayuntamiento levantino.

Pago del IBI en Valencia

Igualmente, según avanza el portal online Hortanoticias.com, el alcalde del pueblo, Miguel Chavarría, reconoció en sede judicial que, pese a que su Ayuntamiento es el titular del terreno en cuestión, el Impuesto de Bienes Inmuebles (IBI) lo abona a las arcas del Consistorio de Valencia, puesto que pese a que ha habido en el pasado varios intentos para la permuta de la parcela no se ha llegado a formalizar dicho trámite burocrático hasta la fecha.

De confirmarse las sospechas de ADED, las actuaciones tendrían que haberse planteado y ejecutado en base a la normativa de Valencia, mientras que se habrían hecho según las de Alboraya. De hecho, y en el marco del procedimiento judicial, ya ha declarado el alcalde del pueblo, Miguel Chavarria, que lo hizo en calidad de testigo. Pero las posibles responsabilidades a dirimir podrían no se quedase solo en él o en los técnicos de ambos consistorios.

En este sentido, el despacho que defiende los intereses de los demandantes, al que pertenece la que fuera entre 2003 y 2007 alcaldesa de Catarroja por el Partido Popular, María Ángeles López Sargues, ha reclamado que se cite como imputado en la causa al que era primer edil valenciano en el momento en que se pudo cometer la eventual ilegalidad a la hora de construir la piscina, es decir, Joan Ribó.

Una vez el juzgado que instruye el sumario tome declaración a todos los testigos, debería decidir si la archiva de manera definitiva o si, por el contrario, aprecia que hay suficientes indicios de delito en la tramitación y ejecución del expediente en discusión y, en tal caso, procede a la apertura de juicio oral.