Macrorredada en Valencia: la Policía toma el peligroso barrio de Orriols

Si hay un ejemplo claro del fracaso de la multiculturalidad en Valencia ese es el barrio de Orriols, una zona tomada completamente por la delincuencia, la okupación y el tráfico de drogas donde tres de cada diez vecinos son extranjeros. Buena parte de los vecinos del barrio situado al norte de la ciudad del Turia viven presos del miedo, tanto nacionales como foráneos.

La situación es insostenible, principalmente por la inseguridad que causa la presencia de delincuentes magrebíes que se dedican al menudeo de hachís y otras sustancias estupefacientes. Las disputas entre ellos y con los consumidores se saldaron entre finales de octubre y principios de noviembre con tres apuñalamientos, lo que ha llevado a que se produzcan dos grandes operaciones policiales en las últimas semanas con el fin de poner coto a unas prácticas ilegales que están a punto de convertir Orriols en una no gone zone.

La última, este miércoles, cuando unidades policiales pertenecientes a la Brigada Provincial de Seguridad Ciudadana de la Jefatura Superior de Policía de la Comunidad Valenciana, como UIP, UPR, el Grupo de Respuesta Inmediata a la Criminalidad (G.R.I.C.) y el Grupo Operativo de Respuesta (G.O.R.) de la Comisaría del distrito de Trànsits han detenido a nueve personas, identificado a 172 personas, controlado 22 vehículos y levantado 16 actas.

Diez de ellas han sido por tenencia de armas y otras seis por posesión de drogas. Las detenciones, a su vez, se han realizado por hurtos o por tener en vigor reclamaciones judiciales, en un operativo que ha finalizado pasadas las ocho de la tarde. Al igual que sucedió hace ahora un mes, cuando 150 agentes de distintas unidades tomaron el barrio en una macrorredada que se saltó con 238 identificaciones, el despliegue policial ha sido enorme y, con toda probabilidad, no será la última que se lleve a cabo en los próximos tiempos.

La propia delegada del Gobierno, Pilar Bernabé, avanzaba hace unos días que se iba a producir una redada de este tipo, con «intención disuasoria» y para «aumentar la seguridad de los vecinos». Unos vecinos que están completamente hartos de la degradación que vive el barrio, como relataban hace unas semanas a El Debate algunos de ellos, que sufren a diario las consecuencias de la inmigración ilegal, la usurpación de viviendas y la compra-venta de drogas en plena calle.

Organizados en torno a la asociación Orriols en Lucha, de izquierdas, son frecuentes las protestas para denunciar que «con delincuencia no hay convivencia» y reclamar que quieren vivir en un barrio «seguro, diverso y digno». En este sentido, afeaban a la alcaldesa de Valencia, María José Catalá, que pidiese más efectivos policiales al ministro del Interior, Fernando Grande-Marlaska, señalando que «no solo es un trabajo policial lo que necesita nuestro barrio», en la línea de lo que manifestaba hace ahora dos meses la delegada del Gobierno después de que un joven de 19 años muriera apuñalado.

«Debe haber un trabajo interdisciplinar entre todas las áreas, fundamentalmente desde el área local, pero garantizamos a los vecinos que la Policía Nacional estará muy pendiente en el barrio», apuntaba entonces, a la vez que aseguraba que Orriols no tenía un índice de criminalidad más alto que otras zonas de la ciudad.