Las claves de la posible gratuidad de la AP-9 y el agravio respecto a Cataluña y País Vasco

Este martes se discutía por cuarta vez la posibilidad de traspasar la gestión de la AP-9 a la Xunta de Galicia. Esta petición, histórica entre los gallegos, podría suponer un antes y un después, sobre todo, para aquellos que se ven afectados por el pago de la autopista de manera diaria o continuada.

Los grupos del Parlamento Gallego, PP, BNG y PSdeG se pusieron de acuerdo en la necesidad de un cambio en la gestión de la AP-9. Sin embargo, la vinculación evidente de los socialistas gallegos con el Gobierno central ha supuesto un conflicto de intereses donde se ha puesto en valor las bonificaciones del Ejecutivo de Pedro Sánchez. Algo que para los populares y nacionalistas, no es suficiente.

La concesionaria de la Autopista del Atlántico, la AP-9, obtuvo un beneficio neto de 82,57 millones de euros durante 2023, lo que supone un crecimiento del 24,9 % en comparación con los 66,1 millones que había conseguido un año antes.

Tal y como ha defendido este martes la portavoz del BNG, Ana Pontón, la autopista está «requeteamortizada» ya que se han pagado más de 3.500 millones de euros por parte de los usuarios. Por su parte, el portavoz parlamentario del PPdeG, Alberto Pazos, exigió «sinceridad, coherencia y que no se engañe a los gallegos». «Nosotros lo que queremos es que los gallegos puedan esperar las condiciones que se nos prometieron antes de las elecciones, una AP-9 que sea 100 % gallega y 100 % gratuita. Y eso es lo que vamos a pedir hoy, y que haya una ligereza también en la tramitación para que no pase lo que pasó en la legislatura pasada», ha advertido el portavoz popular, quien ha aludido a las prórrogas y a la «no convocatoria de la ponencia».

Pazos, como ya lo hizo hace unos días el presidente gallego, Alfonso Rueda, hacía mención a la promesa por parte de los socialistas. «Usted se comprometió, pasara lo que pasara en las elecciones. ¿Ahora estamos hablando de bonificaciones? Vamos a por todas, señor Besteiro, siguiendo su compromiso», le rebatió Rueda al líder del PSOE gallego durante un pleno en la cámara autonómica.

La respuesta de Puente

El ministro de Transporte, Óscar Puente, advirtió a los políticos gallegos que sus intenciones no serán fáciles de cumplir.

Puente se comprometió a que el Gobierno mantuviese las bonificaciones para rebajar los precios. Sin embargo, alegó que el traspaso no es algo «sencillo» y, por lo tanto, ni se sabe el resultado ni tampoco el tiempo que requerirá.

Cataluña y País Vasco

El Gobierno gallego considera un agravio que Cataluña y País Vasco cuenten con unas mejores condiciones en materia de traspaso de autopistas. Es el caso de la AP-8 entre Bilbao y Behovia que cuenta con titularidad casca desde finales de los años 90.

De la misma manera, la A-17 que también es de titularidad autonómica, en este caso catalana. Estas dos comunidades también recibieron otras transferencias. En el caso de País Vasco, la AP-68, que va de Bilbao a Burgos; en Cataluña, la A-19, entre Barcelona y Mataró.