La autopista AP-9
El Gobierno dispone de dos meses para justificar ante Bruselas la prórroga irregular de 25 años de la AP-9
El plazo marcado inicialmente acababa el próximo 24 de junio
Bruselas concede dos meses más de plazo al Gobierno de España para argumentar ante la Comisión Europea los motivos por los que en el año 2000 se prorrogó la concesión de la autopista AP-9 hasta el 2048. Una prórroga que ha sido concedida, después de que en abril la Comisión Europea abriese, por segunda vez a España, unos expedientes de infracción por incumplimiento de la legislación comunitaria sobre contratación pública y de la normativa sobre la concesión de autopistas.
El plazo marcado inicialmente para que el Ejecutivo español pudiese responder a este expediente acababa el próximo día 24 de junio.
Así, el Gobierno dispone ahora de otros dos meses para responder y subsanar las deficiencias planteadas por la Comisión, que, a falta de una respuesta satisfactoria, puede decidir llevar a España ante el Tribunal de Justicia de la Unión Europea.
Procedimiento abierto
El procedimiento abierto por Bruselas en septiembre del 2021 dictamina que se incumplió el principio de igualdad de trato y transparencia ante terceros, y no se dio publicidad previa a la decisión para que desde cualquier instancia se pudiese alegar en contra.
El Ministerio de Transportes indica que dicho aplazamiento del 24 de junio al 24 de agosto está motivado por la necesidad de disponer de más tiempo para dar una respuesta a la dirección general de Mercado Interior de la Comisión Europea, al no estar concluida, de momento, dicha argumentación.
El cambio de liderazgo en la Comisión Europea tras las recientes elecciones comunitarias, podría favorecer la posibilidad de un nuevo plazo adicional.
Este es un tema que podría enfrentar un complicado proceso dentro de las instituciones europeas, incluida su Corte de Justicia. España podría apelar a esta corte para intentar evitar el pago a la concesionaria Audasa, que según el Ministro de Transportes, Óscar Puente, se sitúa alrededor de 4.000 millones de euros. Esta cifra se basa en la deuda acumulada por la empresa, la amortización pendiente de la infraestructura y las pérdidas económicas que implicaría un fin anticipado de la gestión privada en el vial.
