El proyecto de La Coruña para el Mundial choca con la falta de financiación y la polémica en Vigo
El coste de la reforma del estadio ronda los 90 millones de euros, la cuarta parte del presupuesto municipal de un año
«El Mundial de 2030 se celebrará en La Coruña, lo que demuestra una vez más el poder de nuestra ciudad». Esta es la frase que pronunció la alcaldesa socialista, Inés Rey, pocas horas después de conocerse el pasado mes de julio que la ciudad será una de las sedes de esta competición futbolística. Tres meses después de recibir el visto bueno, el proyecto vive rodeada de incertidumbre: sigue sin resolverse cómo se pagará la reforma del estadio de Riazor y el Ayuntamiento de Vigo, cuya propuesta quedó excluida, amaga con acudir a los tribunales tras no hacerse públicas las puntaciones de todas las candidaturas.
Las preguntas sobre el proyecto coruñés se acumulan. La regidora aseguró hace pocos días que va a trabajar para «poner de acuerdo a las administraciones» a la hora de afrontar la inversión de la financiación integral del estadio de Riazor, cuyo coste se calculó en cerca de 90 millones de euros (una cuarta parte del presupuesto municipal de un año) para cumplir los requisitos de la FIFA, aunque en las últimas semanas se ha barajado la posibilidad de reducirlo con ajustes en las obras.
La propuesta que está encima de la mesa es que el 70 % de la financiación proceda de fondos públicos de diferentes administraciones y que el 30 % restante lo aporten inversores privados (sin desvelar por el momento). El problema radica en que no hay acuerdo cómo distribuir la parte pública. La Xunta propuso hacerlo a partes iguales entre Ayuntamiento, Diputación, Gobierno gallego y Estado. Sin embargo, el ente provincial se descolgó rápidamente de este planteamiento. La alcaldesa evitó hace pocos días abordar estar cuestión y exponer su negativa a «entrar en ningún tipo de polémica más».
El Deportivo de La Coruña, que disputa sus partidos en Riazor, también ha pedido más información sobre el proyecto y en cómo afectará a los usos del recinto, que es de titularidad municipal.
El BNG, formación que permitió en 2023 que Inés Rey se convirtiese en alcaldesa por segundo mandato consecutivo, informa de que ha presentado una pregunta por escrito al Gobierno local para aclarar cómo se pagarán las obras. También denuncia que la propuesta para ser sede del Mundial se elaboró «sin consensuar» y sin informar a los grupos políticos de la Corporación local.
Amenazas de ir a los tribunales
Si la falta de acuerdo sobre cómo afrontar la financiación no fuese suficiente, la polémica crece en Vigo. El alcalde de Vigo, Abel Caballero, amenazó recientemente con acudir a los tribunales ante el «oscurantismo» que, a su juicio, rodea de la decisión de dejar a la ciudad fuera de las sedes del Mundial de Fútbol de 2030, y ha advertido de que «hay algo que no cuadra».
El regidor reclamó información sobre los criterios de selección y de valoración de las candidaturas, con «publicidad y transparencia exigible a cualquier institución». También exigió «toda la transparencia y les decimos: que no nos obliguen a ir a los tribunales».