La exconcejal Esther Fontán y la alcaldesa Inés Rey
Una exedil del PSOE rechaza el pacto de su partido en La Coruña para la basura: «No hay nada que perdonar»
Critica la decisión del Gobierno socialista de renunciar a cobrar a 7,3 millones de euros a la gestora de la planta de basuras
La decisión del Gobierno local de La Coruña (PSOE) de renunciar a cobrar 7,3 millones de euros a la concesionaria de la planta de basuras, UTE Albada, ha generado una importante polémica. Después de que la oposición, PP y BNG, haya reclamado más información sobre este pacto, ahora una exconcejal socialista, Esther Fontán (formó parte del equipo de la alcaldesa, Inés Rey, entre 2019 y 2023, cuando ocupó las responsabilidades de Medio Ambiente) se pronuncia.
La edil ha asegurado, en declaraciones al periódico El Ideal Gallego, que esta decisión «no tiene posibilidad alguna de ser explicada con racionalidad» y que lo lógico sería continuar adelante con el proceso judicial para recuperar todos los fondos municipales. «En el juzgado no hay nada que perder. Ya nos han dado la razón, porque hay una sentencia favorable al Ayuntamiento».
La edil advierte de que UTE Albada debe «casi 15 millones» y que «no hay nada que perdonar» porque «esto es un dinero de todos los coruñeses, que Albada debe». También califica el acuerdo de «irresponsabilidad».
Dinero sin recuperar
El Ejecutivo municipal que preside la socialista Inés Rey ha llegado a un acuerdo con la concesionaria de la planta de tratamiento de basuras municipal, UTE Albada, para poner fin a un largo y complejo conflicto que empezó a gestarse en 2011.
El Ayuntamiento coruñés abonó 12,9 millones de euros por el servicio de los rechazos (basura no reciclable) entre 2011 y 2018. El acuerdo en el que se basaron estos pagos fue anulado por la Justicia. El Ejecutivo local inició los trámites para recuperar esta cantidad, más otros 2,7 millones de intereses legales.
El Gobierno socialista aprobó el pasado lunes firmar un acuerdo extrajudicial entre el Ayuntamiento y UTE Albada para poner fin a esta disputa.
Según recoge la propuesta que recibió luz verde, «este acuerdo supone el reconocimiento» por parte la concesionaria «del derecho del Ayuntamiento a la devolución de 8.300.000 euros, y que se materializa con el pago al Ayuntamiento de la cantidad de 7.224.970,16 euros» (una vez ya indemnizados 1.075.029,84 euros mediante la incautación de una garantía) «a pagar fraccionadamente a lo largo del año 2025». De este modo, el resto del montante del dinero público nunca regresaría a su legítimo dueño, la Administración local.
El PP rechaza el pacto
El PP ha anunciado pedirá en el próximo pleno municipal, que se celebrará el jueves día 13, que la alcaldesa no firme el acuerdo con esta empresa privada «por ser lesivo para los intereses municipales porque no hay ninguna justificación para este acuerdo».
«No hablamos de una indemnización, hablamos de devolver un dinero que los coruñeses hemos estado pagando a una empresa con nuestros impuestos y que se podía destinar a obras en los barrios o servicios para los ciudadanos», afirman los populares.
