La Junta Arbitral de Consumo cierra 2022 con 164 conflictos resueltos

La Junta Arbitral de Consumo (JAC) de Córdoba, un servicio municipal voluntario y gratuito, resolvió 164 conflictos entre ciudadanos y empresas a lo largo de 2022. Tal y como apuntaba el teniente de alcalde de Consumo, Manuel Torrejimeno, durante la presentación de estos datos, esta entidad «ofrece la posibilidad de alcanzar un acuerdo que ponga fin al conflicto y evite la celebración del arbitraje mediante la mediación, evitando tener que ir a los tribunales de justicia». Este organismo, dependiente del Ayuntamiento de Córdoba, cuenta en la actualidad con 1.800 establecimientos adheridos en toda la ciudad.

Del total de conflictos abordados por la JAC, 65 fueron resueltos a través de la emisión de laudos, que son de obligado cumplimiento y con el mismo valor que una sentencia judicial. El resto de ellos fueron resueltos a través de la mediación y el acuerdo previo.

Respecto al sistema, Manuel Torrejimeno subrayaba la voluntariedad del mismo que, además, es «imparcial, transparente, justo y rápido».

Para dar difusión de dicho servicio, la JAC ha publicado un vídeo en el que se informa del funcionamiento que tiene esta mediación.

Procedimiento

Tal y como se señala en el vídeo, este mecanismo se pone en marcha cuando un consumidor no está conforme con el trato o el servicio recibido en un comercio y ambas partes no son capaces de llegar a un acuerdo. Solo las personas consumidoras finales pueden solicitar arbitraje de consumo. Estas han de hacérselo saber a la empresa, que ha de mostrar su conformidad para llegar a un acuerdo a través de esta vía. Si el consumidor decide iniciar un proceso de arbitraje debe descargarse un formulario de la web de consumo y entregarlo en el Ayuntamiento. Si tras ser estudiado el conflicto es admitido, se iniciará el proceso de arbitraje y la JAC intentará mediar entre ambas partes. Si no hay acuerdo, se lleva a cabo un acto de audiencia, en la que cada parte expondrán los hechos. Finalmente el órgano arbitral redacta y emite un laudo que es de obligado cumplimiento para las partes.