Fachada del Ayuntamiento de Córdoba
El Supremo anula un crédito firmado por IU que alcanzó un interés del 133,54%
Unicaja Banco está obligada por sentencia a devolver una cantidad que ronda los diez millones de euros
El gobierno municipal al fin ha podido cerrar un capítulo que durante más de tres lustros ha sido una pesadilla para sus arcas. El Tribunal Supremo ha ratificado la sentencia del Juzgado de Instrucción número 7 de Córdoba, posteriormente confirmada por la Audiencia Provincial, en la que se anulaba un crédito firmado en 2007 por el entonces gobierno municipal de IU yPSOE con la entonces Caja de Castilla-La Mancha, después Liberbank y hoy Unicaja Banco, que suponía «un lastre económico desproporcionado» para las arcas municipales, en opinión de la delegada de Economía y Hacienda, Blanca Torrent, quien ha informado del reciente fallo del alto tribunal español.
Blanca Torrent conversa con el equipo de abogados que ha llevado el caso
El crédito inicial se firmó por la cantidad de tres millones de euros y, según las cuentas de la edil, el Consistorio lleva abonados hasta el momento unos diez millones de euros. Al anularse el contrato, el Ayuntamiento tiene que devolver los tres millones solicitados y Unicaja Banco está obligada a reintegrar los siete millones restantes de la operación más otros tres que se calculan en concepto de intereses generados a lo largo del tiempo transcurrido, según ha informado el equipo de abogados externos que ha llevado el caso.
El contrato firmado con Caja Castilla La Mancha establecía hasta mayo de 2010 un interés fijo que era del 2,3 por ciento. A partir de esa fecha variaba el tipo de cálculo, que se establecía mediante una compleja fórmula que crecía trimestralmente hasta alcanzar el 133,54 por ciento.
Una operación perjudicial
Para Torrent, esta sentencia del Tribunal Supremo «es un ejemplo de la incompetencia del gobierno municipal de izquierdas de la época», que se responsabilizó de una operación financiera que «fue perjudicial para las arcas municipales».
El crédito tenía una duración de 15 años, por lo que finalizaba en mayo de 2022. Antes de llegar a esta fecha, la operación financiera fue lleva a los tribunales en 2015, por el entonces teniente de alcalde de Hacienda, José María Bellido, y ahora ya cuenta con sentencia firme.
