El pleno pedirá al Gobierno que derogue el extenso cuestionario para el registro hotelero

Entró en funcionamiento a primeros de diciembre pasado y sigue sin convencer tanto al sector hotelero y de alquiler de vehículos como a la práctica totalidad de los clientes. Técnicamente es el Real Decreto 933/2021 pero popularmente es el cuestionario de decenas de preguntas que el Ministerio de Fernando Grande Marlaska quiere controlar.

El malestar generado por esta medida va a llegar al pleno que celebra el Ayuntamiento de Córdoba este jueves. Allí se va a aprobar -los votos del PP son suficientes- una moción que directamente pide al Gobierno de la nación la derogación de este Real Decreto por «el impacto extremadamente negativo que su implementación ocasiona a la realidad operativa y funcional de las empresas turísticas, así como en materia de afectación a los derechos fundamentales de viajeros y consumidores nacionales e internacionales relacionados con la vulneración de normativas nacionales y europeas de protección de datos y privacidad».

Como ha explicado el portavoz del gobierno municipal, Miguel Ángel Torrico, este cuestionario «ocasional un grave perjuicio al sector», además de suponer «una invasión de la privacidad», además de que «la forma en que se hace entorpece el 'check in' en los hoteles o la entrega de llaves de los coches de alquiler».

Desde un primer momento, esta medida ha contado con el rechazo de las diversas patronales del sector, como es el caso de la Confederación Española de Hoteles y Alojamientos Turísticos (Cehat), la Confederación Española de Agencias de Viajes (CEAV), la Asociación Corporativa de Agencias de Viajes Especializadas (Acave), la Unión Empresarial de Agencias de Viajes (UNAV), la Federación Empresarial de Asociaciones Territoriales de Agencias de Viajes Españolas (Fetave) o la Federación Nacional Empresarial de Alquiler de Vehículos con y sin conductor (Feneval).

La opinión de un abogado

Como explica el jurista Álvaro Caparrós, hasta ahora cada uno era libre de aportar esos datos cuando hacía una reserva a través de cualquier plataforma y el problema está en que a partir de este momento es el Ministerio del Interior el que dispone de ellos, porque «el objetivo del Gobierno es tener más control sobre nosotros».

El registro clásico en los hoteles consistía en un control básico con una finalidad antiterrorista, fundamentalmente, al igual que ocurre con las cámaras de seguridad de cualquier establecimiento y tanto el registro como las grabaciones sólo podían ser visionadas por la Policía. «Ahora quieren tenerlo todo», añade Caparrós, «y aquí hay un trasfondo peor y es que le estamos regalando los datos al Gobierno».

Precisamente, con lo que ahora se hace, por ejemplo, con los datos bancarios o de la tarjeta de crédito «que nunca los ha tenido». Además, al recoger también otra información sobre hoteles, viajes, alquileres conocen «nuestros gustos y preferencias, y no somos conscientes de la información que estamos regalando».

El sistema clásico hacía que le ofreciéramos nuestra información al recepcionista y «yo sé que esos datos no van a salir del hotel», pero ahora van a parar "a una plataforma y eso es una barbaridad», valora.

Cuidado con las medidas futuras

La moción que se abordará este jueves plantea también pedir al Gobierno que descarte en lo sucesivo «cualquier medida o acción gubernamental lesiva, generadora de duplicidades o de carácter ineficiente o también de inviable aplicación como en el presente caso».

También pide que se evite adoptar medida alguna que «pueda dañar la actividad turística y atentar contra la intimidad y seguridad de turistas y clientes, traduciéndose a continuación en la práctica en una pérdida de las cotas de competitividad turística mundial de nuestros destinos, así como desembocando en una situación de indefensión para operadores turísticos, viajeros internacionales y consumidores domésticos».