Los procuradores «serán claves» en la transformación de la Justicia prevista en la Ley de Eficiencia

El consejero de Justicia, Administración Local y Función Pública, José Antonio Nieto, se ha reunido hoy con el presidente del Consejo Andaluz de Colegios de Procuradores, José Ramón Carrasco, y los decanos de los ocho colegios provinciales para abordar la importante transformación que supone la nueva Ley de Eficiencia del Servicio Público de Justicia en la que estos profesionales «tienen un papel destacadísimo» por cuanto asumirán nuevas competencias en la tramitación de la ejecución de las sentencias.

Nieto ha recordado que con la Ley de Eficiencia los juzgados unipersonales pasarán a ser tribunales de instancia, órganos colegiados, y la Junta deberá reordenar las plantillas que dejarán de estar adscritas a un juzgado en concreto para formar secciones que presten servicio a todos los magistrados de un mismo tribunal de instancia.

Se trata de un cambio especialmente «complejo» en Andalucía, que cuenta con 85 partidos judiciales y más de 700 juzgados, una dimensión solo comparable a la del llamado territorio Ministerio que forman las comunidades que no tienen las competencias de Justicia transferidas.

Además, Nieto ha recordado que todos los partidos judiciales deben ser transformados el 31 de diciembre, comenzando por los más pequeños de forma que el 31 de julio ya deberán estar adaptados 70 de los 85 partidos judiciales. La segunda fase se desarrollará hasta el 31 de octubre en los partidos judiciales medianos para terminar a final de año con la transformación de los de las capitales y grandes ciudades.

El consejero se ha referido también a la obligatoriedad de la mediación en determinados conflictos que introduce la ley. En este sentido, ha destacado que Andalucía cuenta con ventaja al haberse adelantado a la norma, ya que lleva tiempo trabajando en promover vías alternativas de resolución de conflictos en el marco de una Estrategia de Mediación que es uno de los ejes que conforman el Plan Estratégico de Justicia.

Así, los andaluces pueden acudir a los Puntos de Información a la Mediación en Andalucía (PIMA), que se encuentran en las principales sedes judiciales de las capitales y grandes ciudades, para que les expliquen en qué consiste esta fórmula y cómo iniciar un proceso de mediación. Además, desde hace un año, las personas que cumplan los requisitos para acceder a un abogado o procurador de oficio pueden solicitarlo para que les asista en procesos de mediación.

Desde el pasado mayo, en todas las provincias hay un Servicio de Mediación Penal (SEMPA), público y gratuito, al que los jueces de lo Penal pueden derivar asuntos que consideren que pueden resolverse mediante el diálogo entre las partes, con la ayuda de un mediador, y evitar ir a juicio. En este tiempo los juzgados andaluces han derivado casi 1.600 asuntos, la mayoría delitos leves de lesiones o amenazas, y ya se han logrado cerrar 590 acuerdos.

Nieto ha destacado que extender el uso de la mediación requiere un cambio cultural en el que la Junta cuenta con los profesionales del ámbito jurídico como grandes aliados, entre ellos los procuradores, a quienes ha agradecido su colaboración.

Por su parte el presidente del Consejo Andaluz de Procuradores también se ha referido a las «importantes reformas legislativas» en marcha para hacer la Administración de Justicia «más digital, más cercana al ciudadano y en la que los profesionales tenemos que ir adaptándonos a estos procesos de cambio». En este sentido ha subrayado que para el colectivo «supone un salto cualitativo muy destacado asumir las competencias en la fase de ejecución, algo que sin duda va ayudar a desatascar procedimientos judiciales».

Carrasco ha puesto en valor la colaboración existente con la Junta en el sistema de Justicia Gratuita y ha agradecido al consejero el incremento de las retribuciones económicas a los procuradores de oficio desde el año pasado. También se ha referido al convenio suscrito con la Consejería para que las represente un procuradores «desde el inicio del procedimiento judicial y que sea siempre el mismo».

La Consejería sufraga esta representación, incluso en fases del procedimiento en las que no es obligatorio, con 255.000 euros anuales. El objetivo es evitar la doble victimización de las mujeres y mejorar la atención al evitarle los desplazamientos a las sedes judiciales para trámites administrativos. Al contar con un procurador desde el principio, el profesional las representa en esa tarea.