La Junta de Andalucía busca desatascar los procedimientos contenciosos laborales
Se presenta en Córdoba el nuevo servicio de mediación laboral para agilizar los procesos y que pondrá en valor la labor de los graduados sociales
El consejero de Justicia, Administración Local y Función Pública , José Antonio Nieto, y la decana del Colegio de Graduados Sociales de Córdoba, Carmen Castro, han presentado una iniciativa que busca reducir la saturación de la jurisdicción social mediante la mediación intrajudicial.
El consejero ha asegurado que la justicia laboral «requiere solución» ante los señalamientos que llegan hasta 2028. En su intervención, ha denunciado el abandono que el Gobierno central ejerce en materia presupuestaria y de medios para la Justicia, y ha lamentado que «el año pasado solicitamos 56 nuevos jueces para Andalucía y la respuesta del Gobierno ha sido cero», mientras anunciaba que este sistema de mediación ya figura en la Ley de Eficiencia del Servicio Público de Justicia y Medios Alternativos de Solución de Conflictos.
Para Nieto, la participación de los graduados sociales será clave: «Son una pieza básica en la resolución de conflictos en materia social», aunque ha recordado que «no se les permite formar parte del turno de oficio». Por esa circusntancia y según lo acordado, estos profesionales asumirán la mediación sin contraprestación económica y ofrecerán a las partes la posibilidad de llegar a un acuerdo «en un mes y medio» en lugar de esperar varios años a que el juicio se celebre.
La decana Carmen Castro ha insistido en que «la mediación laboral ni siquiera la norma estatal la contempla», pero se ha mostrado convencida de que «alivia la litigiosidad» y beneficia a trabajadores y empresarios. Ha explicado que, en reclamaciones de salario, por ejemplo, «la empresa sabe si ha pagado o no» y que esa certeza puede traducirse en un acuerdo rápido. «Cuando se llega a un acuerdo de mediación, las partes salen incluso más contentas que con una sentencia», ha manifestado.
El proyecto, de alcance regional, se desarrollará en colaboración con el Tribunal Superior de Justicia de Andalucía, que deberá aprobar el protocolo de derivación. Nieto ha recalcado que los cambios en la forma de resolver conflictos «cuestan mucho en justicia», pero espera que esta fórmula demuestre que «hay margen para bajar la tasa de litigiosidad y resolver conflictos laborales en un plazo más razonable».