Influencias en cadena
El juez Juan Carlos Peinado que instruye la causa por tráfico de influencias y corrupción en los negocios contra Begoña Gomez, ha citado a declarar como testigo a su esposo, el presidente del Gobierno Pedro Sánchez. Y lo cita en su lugar de trabajo, el palacio de la Moncloa, tal como la ley prevé para los casos en que los hechos investigados para los que se solicita la declaración del testigo no se hayan conocido por razón de su cargo, ya que si así lo hubiera sido, el cargo público, o sea el presidente del Gobierno, tendría derecho a declarar por escrito.
Por mucho que, en una actitud vergonzosa y vergonzante, todo un Gobierno y todo un partido arremetan contra el juez encargado de impartir justicia, aún hay jueces que conocen perfectamente cuál es su papel en una democracia y que interpretan perfectamente la sentencia de Montesquieu sobre la división de poderes: «Para que no se pueda abusar del poder, es preciso que el poder detenga al poder». Es decir, que el poder judicial cumpla su misión de evitar los abusos del poder ejecutivo.
A raíz de las polémicas sobre las citaciones fallidas de Begoña Gómez, negándose a declarar, la abogada Mirian González, esposa del que fue viceprimer ministro del Reino Unido, el liberal Nick Clegg, dijo que el acento había que ponerlo, no tanto en la esposa de Sánchez sino más bien en su marido, el presidente del Gobierno de España. Y en efecto, así es, porque el delito de tráfico de influencias supone la capacidad de influir en un funcionario o autoridad pública para conseguir un beneficio económico a través de una resolución, prevaliéndose de una situación ventajosa frente a otra posible competidora.
En la encrucijada actual, con toda la fuerza política de un Gobierno, un partido y la legión de opinadores amaestrados en contra de una investigación judicial, hay que tener muy claro el riesgo en que se encuentra nuestra democracia. Las reacciones altaneras y descalificatorias contra el encargado de impartir justicia son tan deleznables que se está llegando a los niveles de degeneración de los que ya alertó Epicuro: «La justicia es la venganza del hombre social. La venganza es la justicia del hombre salvaje». Y salvajes son el fondo y la forma con la que se quiere acallar un proceso judicial mediante ataques de todo tipo contra el juez instructor de una causa tan similar, al menos, como la que llevó al yerno del Rey a visitar el juzgado primero y la cárcel después.
Sánchez interiorizó que la única forma de mantenerse en el poder era la polarización, el negocio más abominable que pueda emprender un político. En su obsesión pretende interferir la Justicia y controlar los medios informativos. Y cuenta con un amplio coro de cantores sincronizados que recuerdan al proceso de degradación que se vivió con parejas políticas tan singulares como los Kichners argentinos o los Ceacescus rumanos.
Dejemos actuar a la justicia, que es lo procedente en un sistema no totalitario. Gobiernen los ministros para el interés general de la ciudadanía, en vez de ejercer de abogados defensores desaforados de una persona investigada. El Código Penal castiga el tráfico de influencias, un delito que se produce tras distintos contactos con diversas personas y cuya última responsabilidad reside en la autoridad o funcionario que facilita el trato de favor. Las influencias se producen en cadena, tal como argumenta el juez instructor, por lo que hay que esperar su indagatoria para determinar si existe o no una relación de la persona investigada con algún funcionario o autoridad. Y de esa cadena nadie tiene el privilegio de escaparse. El que la haga que la pague.
