La Cámara de Cuentas no ve irregularidades en el contrato del que cobró el hermano de Ayuso

La Cámara de Cuentas de la Comunidad de Madrid ha publicado el informe en el que ha examinado, entre otros, el contrato de emergencia del que el hermano de Isabel Díaz Ayuso cobró una contraprestación. El documento al que ha tenido acceso El Debate no pone pegas sobre este procedimiento en concreto ya que afirma que «se ha adaptado a las prescripciones que establece el ordenamiento jurídico para esta situación».

Este miércoles, el órgano de control externo al que le corresponde el control económico presupuestario de la región, ha eliminado así las dudas legales que aún sobrevolaban sobre la contratación del equipo de la presidenta y que desataron una tormenta política que sacudió, incluso, al seno del PP.

«Hemos vivido una situación excepcional para la que nuestro ordenamiento jurídico, en general, no estaba preparado. La Ley Orgánica 4/1981, de 1 de junio, que regula los estados de alarma, excepción y sitio, se aplica en circunstancias extraordinarias que hacen imposible el mantenimiento de la normalidad mediante los poderes ordinarios de las Autoridades competentes, es decir, regula el ejercicio de la autoridad», recuerda. Además, reconoce que existen incertidumbres derivadas de la propia pandemia que impiden que el procedimiento de emergencia diseñado por la ley tenga la «eficiencia deseada».

Por lo tanto, el informe resume que los procedimientos de contratación del sistema jurídico español están diseñados para pequeñas emergencias, no para grandes emergencias y apenas «resultaron eficientes ante la magnitud de la pandemia». «Al no existir precedentes ni legales ni procedimentales para una situación como esta, las normas se han tenido que interpretar atendiendo a la realidad social del tiempo en que han tenido que ser aplicadas», añade.

Sobre los 263 contratos analizados, la Cámara ha concluido que la «la mayoría de los contratos fiscalizados se han adaptado a las prescripciones que establece el ordenamiento jurídico para esta situación».

Sí duda sobre otros

El documento sí cuestiona otros contratos que se hicieron durante la pandemia. Concretamente los numerados como 259 y 260 sobre los que asegura que «se ha utilizado la tramitación de emergencia para adquirir bienes no destinados a combatir la pandemia ni amparados por el tenor literal del artículo 120 LCSP».

Estos contratos responden a suministros de material sanitario que no es el de uso habitual durante el Covid. En concreto, la compra de 3 ecógrafos para el hospital Infanta Sofía y 2 equipos de mamografía para el hospital de Henares y el del Tajo. El total de estos dos contratos es de más de 650.000 euros.

Además, el informe asegura que también se ha comprobado que «algunos expedientes carecen de la documentación que todo expediente de contratación precisa, aún tramitado por la vía de emergencia».