Ayuso apuesta por la vivienda libre mientras Sánchez mantiene a los okupas

Madrid sabe del problema que supone buscar una vivienda en la región. Por ello, la presidenta de la Comunidad, Isabel Díaz Ayuso, anunció este miércoles un plan de choque con 10 nuevas medidas de impulso en materia de vivienda para consolidar a la región como líder en construcción de viviendas asequibles. Además, se presentaron nuevas rebajas fiscales en dicha materia.

La Comunidad de Madrid ha creado una nueva versión plus tanto del Plan Alquila como de Mi Primera Vivienda, que se refuerzan y mejoran para atender las demandas de los ciudadanos.

En el primer caso, se proponen nuevas medidas, como ampliar a tres anualidades el seguro de impago gratuito, que era de dos para los menores de 35 y de uno para el resto.

En este sentido, el Gobierno de Ayuso pondrá en contacto a los futuros arrendatarios que estén interesados en movilizar pisos desactualizados con empresas del sector.

Además se le suma el Plan Alquila Comparte, para ofrecer seguridad jurídica a aquellos propietarios que quieran arrendar pisos por habitaciones.

Otra de las medidas acordadas para impulsar este plan de choque es la mejora del programa Mi Primera Vivienda, que facilita el acceso a una hipoteca a los madrileños que no superen los 35 años, ampliando la financiación del 95 al 100 % e incrementando el límite de edad hasta los 40.

Impulso a las zonas rurales

Díaz Ayuso quiere potenciar los municipios rurales de Madrid, por ello se crearán una línea de ayudas para impulsar la adquisición municipal de suelo y que se puedan levantar inmuebles de obra nueva.

Esta medida se centra en localidades de menos de 20.000 habitantes. Esta propuesta pretende hacer frente a la despoblación y revitalizar estas zonas que en los últimos años han notado un éxodo poblacional.

También está prevista la aprobación de un nuevo Reglamento de Vivienda con Protección Pública de la Comunidad de Madrid, que redunde en un mayor volumen de actividad y permita recuperar la figura del arrendamiento con opción a compra.

La Comunidad se ha marcado un objetivo a corto plazo de cara a crear el mayor hub de industrialización a nivel nacional. Con el objetivo de seguir avanzando en un método de edificación que disminuya los costes económicos y ambientales, mejorando los tiempos y reduciendo los riesgos laborales.

La Administración madrileña es la entidad que más casas de titularidad pública y a menor cuantía construye en España. El Plan Vive de alquiler a precio asequible suma 6.500 viviendas ya adjudicadas en 12 municipios y otras 1.912 en licitación en 10 localidades.

La presidenta ha anunciado también importantes medidas de ahorro fiscal en materia de vivienda, como la deducción en el IRPF para contrarrestar la subida de los tipos de interés.

También se han lanzado tres bonificaciones acumulables para quienes trasladen su residencia a un municipio de menos de 2.500 habitantes, o la deducción de 1.000 euros para los propietarios que formalicen nuevos contratos.

Sánchez mantiene a los okupas

Mientras Madrid lanza iniciativas para fomentar el sector inmobiliario libre, el presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, es partidario de mantener la Ley de Vivienda a la que le falta «un escudo fiscal estatal para ser realmente competitivos», indicaba la presidenta Ayuso.

«Estamos haciendo un trabajo muy importante, algo que nos da derecho a reclamar que otras administraciones se sumen a la tarea de facilitar vivienda asequible. Creemos que la Administración del Estado también debe contribuir en la medida en la que lo hacemos nosotros», apuntaba la presidenta madrileña.

Por otro lado, Ayuso remarcaba que «es responsabilidad del Gobierno central abordar en serio el problema de la ocupación ilegal. España necesita una ley para desalojar a los ocupas en 24 horas, no en 24 meses».

En esta línea, remarcaba que «se trata de respetar la propiedad y el sacrificio que supone para cualquier familia o autónomo adquirir una vivienda o un local».

«El intervencionismo es una lacra para la economía, el empleo, el desarrollo y la inversión. Es imprescindible que los propietarios y los inversores tengan máximas garantías de seguridad jurídica para poner su vivienda en alquiler o para confiar en nuestro país a la hora de adquirir inmuebles», señalaba Ayuso.

La presidenta de la Comunidad de Madrid sentenciaba que «la Ley de Vivienda es nefasta y está causando entre otros muchos perjuicios la reducción de la oferta y el incremento de los precios. Hoy lo veíamos en medios de comunicación, cómo la oferta del alquiler se ha desplomado un 70 % en Madrid y un 67 % en Barcelona. La brecha de la oferta y la demanda sigue aumentando los precios».