Madrid teme que la nueva ley de gestión sanitaria de Mónica García liquide un modelo «consolidado y eficaz»

El Gobierno de la Comunidad de Madrid teme que la nueva ley que ha impulsado la ministra de Sanidad, Mónica García, de Gestión Pública e Integridad del Sistema Nacional de Salud liquide un modelo «consolidado» que «viene funcionando de una manera eficaz y eficiente».

Para el Ejecutivo de Isabel Díaz Ayuso, los «principales perjudicados» de esta nueva legislación van a ser los pacientes y ha mostrado su «estupor» porque se haya puesto en marcha sin consultar ni consensuar con las comunidades autónomas, que son las encargadas de la gestión sanitaria en sus respectivas regiones.

Así lo reconocía el portavoz gubernamental, Miguel Ángel García Martín, en la rueda de prensa de este martes, posterior al Consejo de Gobierno. «Hemos tenido conocimiento de esta ley a través de los medios de comunicación y porque han colgado una ficha en el portal de transparencia. No tenemos un texto que leer para conocer qué es exactamente lo que van a hacer», lamentaba en nombre del Gobierno madrileño.

En la Puerta del Sol están «preocupados» por las «intenciones» de esta nueva ley y también «estupefactos», insistía, por el hecho de que algo «tan sensible» como es la Sanidad y que gestionan los gobiernos autonómicos se haya hecho sin consultar ni avisar a los mismos. «Lo lógico sería que cualquier cambio sea consensuado con las comunidades autónomas», concluía.

Más rotundo si sabe en contra de esta nueva ley que prepara el Gobierno de Pedro Sánchez se mostraba el presidente de la Confederación Confederación Empresarial de Madrid-CEOE, Miguel Garrido, que la calificaba como «un disparate» y confiaba en que no saliera adelante. «La salud de los españoles debería ser lo prioritario pero esta gente está dispuesto a sacrificarla por sus dogmas ideológicos», lanzaba este lunes en sus redes sociales, poco después de que Mónica García diera a conocer la noticia.

La ley que prepara el Ministerio

En concreto, el ministerio de Sanidad quiere «blindar» la sanidad pública mediante una ley de Integridad del Sistema Nacional de Salud (SNS) que contempla limitar y facilitar a las comunidades la reversión de la gestión privada de los servicios sanitarios públicos y mejorar los procedimientos de transparencia y auditoría.

Así consta en el proyecto de ley de Gestión Pública e Integridad del SNS que Sanidad sacaba a consulta pública previa este lunes, y al que ciudadanos, organizaciones y asociaciones que lo consideren pueden presentar sus aportaciones hasta el próximo 28 de mayo.

Esta iniciativa supone el primer proyecto normativo íntegramente orientado a la regulación de la gestión pública del SNS, convirtiéndose en la primera norma, desde la ley de habilitación de nuevas formas de gestión del SNS de 1997, que se dedica en su totalidad a legislar sobre los modelos de gestión.

Y nace, según subraya el texto, de «la necesidad de establecer de forma clara la prioridad absoluta de la gestión pública en la prestación de servicios sanitarios», así como el alcance, los procedimientos, la transparencia, la rendición de cuentas y el tipo de entidades que podrían optar a la participación contractual con las administraciones públicas y bajo qué condiciones.

Además, aspira a incorporar al marco legislativo «elementos relacionados con la integridad» de la gestión del SNS y la prevención del fraude en el mismo y atender la necesidad de reforzar normativamente diferentes aspectos relacionados con las garantías, el control y el seguimiento en materia de contratación, «aspectos que han tomado especial relevancia tras algunos casos de irregularidades ocurridos en los últimos años».