Isabel Díaz Ayuso y Rocío Albert

Isabel Díaz Ayuso y Rocío AlbertEuropa Press

Ayuso critica el acuerdo entre Sánchez y ERC: «Supone la ruptura de los principios de igualdad entre los españoles»

El Ejecutivo de la Comunidad de Madrid ha pedido una explicación detallada y por escrito de la valoración e interpretación que tu Ministerio hace del contenido del Acuerdo

El Gobierno de Isabel Díaz Ayuso se ha pronunciado sobre el preacuerdo entre Sánchez y ERC para investir a Salvador Illa como presidente autonómico de Cataluña. Ha sido la consejera de Economía, Rocío Albert, quien se ha dirigido a su homóloga en el Gobierno, María Jesús Montero, a través de una carta.

En la misiva detalla que el pasado mes de noviembre se dirigió a ella para expresarle su «preocupación por el conocimiento que en aquel entonces habían tenido a través de la prensa acerca de los pactos con diversos grupos políticos, entre ellos ERC».

En concreto, la consejera madrileña apunta que se refería a cuestiones como las «modificaciones en el sistema de financiación autonómica, condonación de deudas y cesiones tributarias, todas ellas con graves consecuencias para la Comunidad de Madrid y el conjunto de España».

Esta preocupación del Gobierno de la Comunidad de Madrid se expresó de manera verbal por Rocío Albert y «por la inmensa mayoría de los representantes del resto de comunidades autónomas durante la reunión del CPFF que tuvo lugar el 11 de diciembre de 2023».

«En aquella reunión afirmaste rotundamente, pidiendo además que así constara en acta, que no se estaba realizando 'una negociación bilateral para que Cataluña cuente con una situación particular respecto del resto de Comunidades Autónomas del régimen común'», señala en la misiva.

En este sentido, remarcó que «a pesar de las continuas informaciones en prensa y de las declaraciones del propio Gobierno de Cataluña, reiteraste que el Gobierno de España no mantenía negociaciones bilaterales sobre la «financiación singular» de Cataluña».

Asimismo, detalla que la ministra dijo expresamente que no compartía el concierto económico para Cataluña y abogó por una reforma general del SFA que debía aprobarse en las Cortes Generales.

«Sin embargo, en clara contradicción con todas las afirmaciones hechas por ti hasta el momento, no sólo las más recientes a las que te he hecho referencia como ministra de Hacienda y Presidenta del CPFF, sino también con las que conocíamos de tu trayectoria anterior como consejera de la Junta de Andalucía», comenta Rocío Albert.

Rocío Albert, Antonio Garamendi, Isabel Díaz Ayuso y Miguel Garrido

Rocío Albert, Antonio Garamendi, Isabel Díaz Ayuso y Miguel GarridoDavid Mudarra

El escrito comenta que «esta misma semana hemos tenido la certeza de que las negociaciones bilaterales que nos negabas sí se estaban llevando efectivamente a cabo, certeza innegable una vez que se ha hecho público, tanto por parte de ERC como del mismo Presidente del Gobierno, el contenido del Acuerdo alcanzado para obtener de ERC el voto favorable a la candidatura del Sr. Illa».

«El Acuerdo que se ha facilitado, una vez más a través de los medios de comunicación, supone la total ruptura de los principios de igualdad entre todos los españoles y solidaridad entre regiones recogidos en la Constitución, y vulnera tanto la legalidad vigente como los procedimientos establecidos para su modificación y la del SFA, que exigen la participación de todas las comunidades autónomas», detalla la carta de la consejera de Economía de Madrid.

Albert detalla que este acuerdo «viene a equivaler en la práctica, con la salida de Cataluña del régimen común para entrar en un régimen de concierto no previsto constitucionalmente, a la derogación por la puerta de atrás del SFA y de la LOFCA».

La carta concluye diciendo que «por si fuera poco, acabamos de saber también de la existencia de un 'Plan B' para garantizar la aplicación del Acuerdo aun sin contar con los votos necesarios en las Cortes Generales, afirmación que en sí misma ya supone un total desprecio no sólo al Parlamento y a la Constitución, sino a la propia esencia del Estado de derecho».

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