El exalcalde de Alcalá de Henares, Javier Rodríguez Palacios
Ayuntamiento de Alcalá de Henares
Alcalá de Henares investigará las adjudicaciones de contratos a negocios de familiares del PSOE
El equipo actual de Gobierno quiere dirimir con una Comisión Especial de Investigación las responsabilidades políticas de las actuaciones, que también llevarán ante la Justicia
El Gobierno de Alcalá de Henares, liderado por la alcaldesa popular Judith Piquet, ha acusado al anterior Ejecutivo, comandado por el socialista Javier Rodríguez Palacios de 2019 a 2023, de adjudicar contratos menores por valor de miles de euros a empresas dirigidas por familiares de algunos de sus concejales.
En concreto, «adjudicó contratos a dos empresas, cuyos dueños son familiares directos de sus concejalas Patricia Sánchez y Blanca Ibarra, que siguen formando parte de la corporación municipal», señalan desde el Ejecutivo alcalaíno.
Habiendo tenido conocimiento de estos hechos, la alcaldía encargó la realización de dos expedientes de información reservada en relación por la posible existencia de irregularidades cometidas, a fin de constatar la existencia o no de los hechos.
Ahora el equipo actual de Gobierno de Alcalá de Henares quiere dirimir con esta Comisión Especial de Investigación las responsabilidades políticas de las actuaciones llevadas a cabo en dicho periodo.
Porque ha quedado constatado, según el Gobierno de Piquet, que en mandato 2019-2023, bajo el gobierno socialista del entonces alcalde Javier Rodríguez Palacios se adjudicaron numerosos contratos menores a las empresas de familiares de sus concejales.
Además, estos contratos fueron aprobados en el seno de la Junta de Gobierno, donde la mayoría de las ocasiones estaban las concejalas presentes.
Desde el Ejecutivo comentan que «más allá de las responsabilidades jurídicas que pudiesen dirimirse en un juzgado y al que por supuesto acudiremos, el equipo de gobierno actual quiere aclarar todas estas responsabilidades».
En este sentido añaden que «no sólo de las concejalas señaladas, sino de los miembros de corporación y otros altos cargos eventuales y de confianza del gobierno anterior, inmersos en este irregular y amoral procedimiento de contratación con familiares».
Los populares de la ciudad complutenses apuntan a que «el texto refundido de la ley de contratos del sector público en su artículo 60 apartado 1.g prohíbe que personas relacionadas con cargos electos contraten con el sector público».
En concreto, se hace referencia a «cónyuges, personas vinculadas con análoga relación de convivencia afectiva, ascendientes y descendientes, así como a parientes en segundo grado por consanguinidad o afinidad».
«Es evidente que los comportamientos de estas personas que siguen siendo concejales socialistas y exmiembros de la Junta de Gobierno caen bajo este apartado de la ley», remarcan desde el Consistorio.
El objeto de esta comisión es saber si ha existido un conflicto de intereses de estas personas al formar parte del equipo de gobierno que adjudicaba contratos a sus familiares y qué incidencia han tenido en el procedimiento de licitación.
Desde el PP critican que «el señor Rodríguez Palacios es experto en pedir explicaciones a todo el mundo por hechos mucho menos graves que los que vamos a pedir que se investiguen en esta comisión».
Los populares concluyen que quieren «saber si el portavoz socialista está comprometido de manera real con investigar posibles casos de corrupción en la administración pública o solo en el uso partidista de todas las instituciones de Estado para crear bulos que tapen la propia corrupción de su partido a nivel nacional y de su gestión al frente del Ayuntamiento de Alcalá de Henares».
