El Gobierno de Ayuso desmonta el plan de Sánchez para controlar a los medios libres

El Gobierno de Isabel Díaz Ayuso ya ha avanzado que, cualquier resquicio de invasión de competencias o de tufo anticonstitucional que emane del nuevo plan «por la democracia» anunciado por Pedro Sánchez, será susceptible de recurso ante los tribunales. Sin embargo, desde la Puerta del Sol matizan que aún hay que esperar a ver cómo se desarrolla ese plan que, de momento, no es más que un «compendio de medidas deslavazadas».

Con todo, con lo poco que de momento se sabe de lo que va a suponer ese paquete de medidas que anunciaron este martes el ministro de Cultura, Ernest Urtasun, y el ministro de la Presidencia, Félix Bolaños, el portavoz del Ejecutivo madrileño, Miguel Ángel García Martín, ya ha sido capaz de desmontar varias de sus pretensiones.

«De ejecutarse este plan lo vemos como un paso más para convertir a España en una autocracia. Es un paso atrás en calidad democrática», sentenciaba el portavoz este miércoles en rueda de prensa, antes de desgranar algunos de los puntos más polémicos del plan, más allá de «tratar de controlar a los medios de comunicación y de repartir carnés de periodistas buenos o malos».

Así, la mayoría de esas medidas son ya de obligado cumplimiento, según explicó el portavoz, porque «son medidas que ya están recogidas en el ordenamiento jurídico o ya están recogidas en distintos planes del Gobierno».

Por ejemplo, ahondó, un proyecto de ley de este plan habla de «transparencia» cuando «no están cumpliendo la actual ley». «Hay 1.780 peticiones de transparencia denegadas desde que Sánchez es presidente, no hace falta reformar la ley, lo que hace Sánchez es cumplir la ley que ya está en vigor y que aprobó el Partido Popular», señaló.

Reformar la ley de publicidad institucional para introducir criterios de transparencia, proporcionalidad y no discriminación fue otra de las iniciativas presentadas por Urtasun y Bolaños el pasado martes, a lo que el portavoz de Ayuso recordó que son criterios que «ya recoge la propia ley estatal, así como las leyes autonómicas».

La creación de una nueva comisión de desinformación en el Congreso de los Diputados, una propuesta que para García Martín no deja de ser llamativa cuando proviene de «un presidente que lleva más de seis meses sin acudir al Senado, más de seis meses sin contestar a ni una sola pregunta de la oposición en la Cámara Alta».

Una obligación de celebrar un Debate sobre el Estado de la Nación de forma anual, otra iniciativa de un presidente que «lleva seis años en la Moncloa y ha celebrado un único Debate sobre el Estado de la Nación y que este año tampoco lo va a celebrar».

Un registro público sobre medios de comunicación, «un nuevo artificio, ya existe un Registro Mercantil donde todas las empresas tienen, lógicamente, que inscribirse y que depositar las escrituras, los estatutos, los socios y el capital social de esa empresa».

En resumen, «todas estas nuevas medidas anunciadas, que son todas ellas muy preocupantes, sobre todo, lo que se cuenta y lo que no se cuenta, lo que subyace en todas y cada una de ellas, lo que demuestra es que Sánchez solo tiene un plan y todo responde a lo mismo, tratar de atacar a la democracia, tratar de atacar a la Constitución y un intento desesperado de poder mantenerse en el poder, sin límite».