Inma Sanz y José Luis Martínez-Almeida en el pleno del Ayuntamiento
El Ayuntamiento de Madrid critica la «hipocresía» de la izquierda en el caso de revelación de secretos del director jurídico de EMVS
La vicealcaldesa aludió a la «hipocresía de la izquierda» y al apoyo del PSOE al fiscal general, quien está siendo investigado por revelación de secretos del novio de Díaz Ayuso
La doble moral de la izquierda en Madrid es un tema que suele salir a la luz dado los presuntos escándalos de corrupción del Gobierno de Pedro Sánchez y las quejas que denuncian en la capital sin tener en cuenta todos los casos que se están investigando en la Justicia. El último caso se enmarca en la Empresa Municipal de Vivienda y Suelo por una revelación de secretos del responsable jurídico de la entidad que ha sido sancionado con un mes de inhabilitación por su Colegio de Abogados.
El Partido Socialista y Más Madrid han decido criticar esta situación y exigir la dimisión del alto cargo de la entidad pública «ignorando el caso del fiscal general, Álvaro García-Ortiz, que está siendo investigado por presunta revelación de secretos en el caso de la pareja de Isabel Díaz Ayuso», explica la vicealcaldesa Inma Sanz.
En esta ocasión, la sanción afecta a Carlos Medina, actual director de los Servicios Jurídicos de la EMVS, la entidad del Ayuntamiento de Madrid que promociona su vivienda pública.
La demanda llegó al Ilustre Colegio de Abogacía de Madrid (ICAM) el pasado mes de marzo, cuando otro colegiado alertó de una posible infracción del deber de secreto de las comunicaciones entre letrados.
El documento abordaba una negociación vinculada a un pago de cientos de miles de euros a la Empresa Municipal de la Vivienda y Suelo (EMVS), en la que el jefe jurídico incluyó una comunicación que hacía referencia al inicio de la negociación y en la que se solicitaba expresamente que se mantuviera en «confidencialidad».
Según el Colegio de Abogados de Madrid (ICAM), este acto vulnera el secreto de las comunicaciones profesionales, lo que constituye una «infracción grave» conforme al marco normativo que regula la actividad de los letrados. Por ello, el ICAM propuso una sanción.
La resolución establece que el alto cargo recibirá un mes de suspensión en el ejercicio de la abogacía por la comisión de una infracción grave tipificada en el artículo 125.a).i) del Estatuto General de la Abogacía.
La vicealcaldesa, Inma Sanz, y el concejal de Vivienda, Álvaro González
Críticas del PSOE y defensa del PP
El Grupo Municipal Socialista no tardó en valorar los hechos y mostró una postura muy crítica hacia Carlos Medina. Pedro Barrero, concejal y consejero en la EMVS, manifestó su malestar, denunciando la «falta de confianza que venimos arrastrando consejo tras consejo debido a la actitud del máximo responsable de los Servicios Jurídicos de esta empresa».
Asimismo, destacó que la resolución del ICAM evidencia una «vulneración del secreto profesional entre compañeros, lo que según su normativa constituye una infracción grave».
Barrero también lamentó que «una vez más, la Empresa Municipal de la Vivienda y Suelo sea noticia por malas prácticas y por la falta de control del presidente y concejal de política de Vivienda».
El edil socialista exigió que, de confirmarse la veracidad de los hechos, se proceda al cese inmediato del director de los Servicios Jurídicos de la EMVS por «falta de confianza y de ética».
Por su parte, la vicealcaldesa de Madrid, Inma Sanz, calificó este caso de «falta administrativa» y aludió a la «hipocresía de la izquierda» y al apoyo del PSOE al fiscal general del Estado, quien está siendo investigado por revelación de secretos del novio de Díaz Ayuso.
«Desde la EMVS están haciendo un seguimiento de esta situación (...) estamos todavía en un momento en el que cabe recurso de alzada ante el Consejo del Colegio de Abogados de la Comunidad de Madrid», comentó la vicealcaldesa de Madrid.
El fiscal general del Estado, Álvaro García Ortiz
Silencio con el fiscal general
Tal y como indicó Inma Sanz, la izquierda ha criticado este caso de revelación de secretos y ha ignorado e incluso encubierto –es el caso de Juan Lobato– las supuestas filtraciones de García-Ortiz de un particular con el objetivo de derrotar a un adversario político.
La semana pasada se daba a conocer que los técnicos de la UCO remitían un informe en el que se hacía constar el «borrado» de todo el contenido de la mensajería instantánea, en esencia de la aplicación de WhatsApp, del terminal del fiscal general.
Sin embargo, lejos de favorecer la posición procesal de García Ortiz, la noticia habría sumado un indicio incriminatorio más en contra del máximo titular del Ministerio Público por eliminar pruebas del caso.
No en vano, el fiscal general era consciente de que el cerco se estrechaba, cada vez más, sobre el origen de las filtraciones y las personas que tuvieron acceso al mail confidencial del que, también, Moncloa tuvo conocimiento antes de su publicación en los medios.
