Una asociación de fiscales pide al Supremo interrogar a García Ortiz tras el «borrado» de su móvil

Que se practiquen nuevas diligencias de investigación en una causa en la que, hasta la fecha, todos los indicios disponibles apuntan a una suerte de «visión túnel» hacia el filtrado de la información confidencial del novio de Isabel Díaz Ayuso, que conduce hacia la figura del fiscal general del Estado.

La Asociación Profesional e Independiente de Fiscales (APIF) ha instado al juez instructor, Ángel Hurtado, que tome declaración al imputado, Álvaro García Ortiz, para esclarecer su papel, tras los «cero mensajes» localizados por la Unidad Central Operativa (UCO) de la Guardia Civil en el móvil incautado durante el registro de su despacho, el pasado mes de octubre .

Así lo han hecho constar los abogados de la entidad profesional –Juan Antonio Frago Armada, Verónica Suárez García, Álvaro Bernad Sánchez y Napoleón Cánovas Fernández– en un escrito registrado ante la Sala Segunda del Alto Tribunal al que ha tenido acceso, en primicia, El Debate. En el documento, los letrados de la APIF han denunciado cómo la instrucción de la causa contra García Ortiz «se está enfrentando a una doble problemática que afecta notablemente a la acusación».

Por una parte, «este procedimiento ha pasado por tres instancias judiciales» (el Juzgado de Instrucción número 28 de Madrid, el Tribunal Superior de Justicia de Madrid (TSJM) y la Sala de Admisiones de lo Penal del Supremo (TS)) «lo que está dando un tiempo que no tendría ningún otro investigado para desarrollar todo tipo de estrategias, excusas o explicaciones a cada novedad de la unidad policial investigadora o avance de la instrucción».

«Por otra lado», añaden, «es innegable que hay intereses ajenos al procedimiento, significadamente de la prensa, que está suponiendo que cada vez que hay un impulso en las actuaciones judiciales o policiales, están haciendo de eco de los intereses de la Fiscalía General del Estado (podemos citar como ejemplo lo relativo a la existencia o no de cámaras en la propia sede de Fortuny 4 o, tras la notificación de los dos últimos atestados, explicaciones de supuestos protocolos de la Fiscalía para el borrado de terminales, etc.)».

Y, por ello, considera la APIF que de la prueba practicada ya a instancia del magistrado instructor «y muy especialmente el atestado relativo al teléfono móvil de la fiscal jefe provincial de Madrid», Pilar Rodríguez, en la que los agentes de la UCO identificaron un listado íntegro de mensajes con varios miembros de la cúpula fiscal, entre los que se encontraba García Ortiz, en las horas previas a la revelación de los datos secretos de la pareja de Díaz Ayuso, «debe proceder a tomarse declaración al investigado que resta».

No en vano, del contenido de dicho terminal «se deduce claramente que la versión de que la desprotección y filtrado, máxime por las horas nocturnas a las que se produjo, sólo puede venir de la persona del investigado». «La prueba de la inmensa mayoría de los delitos es indiciaria y ésta, que no es distinta, es plena, especialmente los Whatsapp conservados en el móvil de la coinvestigada, la fiscal jefe provincial de Madrid».

Cruce «frenético» de datos secretos

Desde la APIF insisten en cómo «antes del filtrado» de la información confidencial de la pareja de la presidenta de Madrid, el empresario Alberto González Amador, «existe una porción del iter criminis que ya consta plenamente cometida por el investigado: el apoderamiento ilícito» de la misma.

«Ni el fiscal general del Estado, ni la jefe provincial, tenían a su disposición esa información, por mucho que remate jerárquicamente el primero la institución. De ahí el cruce frenético de correos y llamadas en la noche del 13 de marzo para que, quien sabían que materialmente tenía a su disposición la documentación, se la hiciera llegar (el fiscal de delitos económicos D. Julián Salto)», inicialmente asignado al caso.

«Queremos dejar esto claro porque, al igual que la presidenta del CGPJ o un presidente de Sala del Tribunal Supremo no pueden pedir por Whatsapp o llamada a un magistrado una documentación de una causa judicial para que se la acaben remitiendo a un correo no corporativo (@gmail.com en este caso), el fiscal general del Estado tampoco, por su cargo, tiene a su disposición toda la documentación de todas las causas nacionales »a granel« o sin control alguno. La prueba es que no existe una base de datos del Ministerio Fiscal de todos los procedimientos de España en los que interviene el Ministerio Fiscal», apuntan desde la APIF.