Alberto González Amador saliendo de declarar en los juzgados de Plaza de Castilla, en una imagen de archivo

Alberto González Amador saliendo de declarar en los juzgados de Plaza de Castilla, en una imagen de archivoEuropa Press

La jueza cita al novio de Ayuso como investigado por presunta corrupción en los negocios

Se trata de una investigación impulsada por el PSOE y Más Madrid

La jueza Inmaculada Iglesias ha citado el próximo 10 de abril a la pareja de Isabel Díaz Ayuso, Alberto González Amador, para que declare en calidad de investigado en la pieza separada abierta por la posible comisión de delitos diferentes a los que se instruyen en la causa principal sobre un presunto fraude fiscal.

La citación se produce semanas después de que la Audiencia Provincial de Madrid avalara en un auto esta investigación impulsada por la acusación popular que representa al PSOE y a Más Madrid.

Hace unas semanas, la Audiencia Provincial respaldó la necesidad de investigar en una pieza separada la posible utilización de una sociedad pantalla para «ocultar unos ingresos que debían haber sido declarados» por Maxwell Cremona -administrada por González Amador- y en el presunto pago de 499.836,92 euros a la mujer del presidente de Quirón Prevención por la adquisición de una empresa en 2020, una operación en la que la Fiscalía ve una posible «comisión encubierta».

La Fiscalía ya manifestó en un escrito que es necesario investigar un posible delito de corrupción en los negocios en relación a estos hechos, al que las acusaciones suman otro de administración desleal.

Aparte de esta pieza separada, la rama principal del procedimiento se centra en un presunto fraude fiscal de 350.951 euros y falsedad documental y en ella también se investiga a cuatro empresarios por intervenir, presuntamente, en un entramado de facturas falsas con el objetivo de aminorar la cuota a tributar.

González Amador ha sido citado en varias ocasiones en el marco de la investigación principal, recientemente prorrogada durante seis meses más, que se centra en presuntos delitos de fraude fiscal y falsedad documental. En la última ocasión, el 24 de febrero, se acogió a su derecho a no declarar.

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