El 'no' de estos países podría tumbar la intentona de incluir el aborto como Derecho Fundamental de la UE

Empieza la cuenta atrás para que el Parlamento Europeo vote si incluir o no el aborto en la Carta de Derechos Fundamentales. Para que el proyecto llegue a puerto, se necesita el próximo jueves 11 de abril un acuerdo unánime de todos los Estados miembro de la Unión Europea.

El panorama no es alentador. Liberales, socialdemócratas e izquierda llevan tiempo luchando por la inclusión del aborto como un «derecho» en la Carta. De hecho, en Francia ya lo han conseguido. El país galo se ha convertido en el primero en incluirlo en su Constitución.

A esta votación le precedió el pasado 14 de marzo un debate en el que tanto los representantes del Consejo como de la Comisión Europea se mostraron a favor de que el aborto se disfrace de Derecho Fundamental para los europeos. Entonces, argumentaron sobre la importancia de garantizar «los derechos reproductivos de las mujeres como parte integral de los derechos humanos» y recordaron los países donde todavía no es legal matar a un niño en el seno de su madre.

Las restricciones a las prácticas abortivas que existen en algunos países de la Unión son el peso que desequilibra una balanza que parecía inclinarse por la cultura de la muerte. Aunque son minoría, Malta, Hungría o Polonia son suficiente para romper la unanimidad y que el proyecto no salga.

La pequeña isla mediterránea es el único país de la Unión Europea donde está prohibido abortar en cualquier caso. Además, se pena con hasta tres años de prisión a cualquier persona que provoque el fin del embarazo, incluida la propia gestante como los profesionales médicos. La legislación de Malta a favor de la vida es de las más estrictas del mundo, a la que en Europa se le suma también Andorra (aunque no forma parte de los 27), y tiene su origen en la firme fe católica de su casi medio millón de habitantes.

Viajando hacia el este del continente, Polonia se ha convertido también en bastión de la vida. De hecho, su Defensor del Pueblo ha recordado en una reciente entrevista que no existe el «derecho» al aborto. En el país de Juan Pablo II, solamente está permitido acabar con la vida del no nacido si el embarazo es resultado de una violación o incesto, si la vida de la mujer están en peligro o si el feto presenta una malformación grave o letal. Así ha sido hasta este año. No obstante, el primer ministro Donald Tusk anunció el pasado mes de enero un proyecto de ley para legalizar el aborto y la píldora del día después que llevará al Parlamento polaco, todavía sin fecha.

Mientras, su vecina Hungría ha endurecido en los últimos años su política abortista para reducir al mínimo el número de mujeres que deciden acceder a estas prácticas. Allí, es legal terminar con un embarazo hasta la semana 12, pero hay algunos supuestos en los que se puede ampliar este plazo hasta las 18 o las 24 semanas: si la vida de la madre está en peligro, si su embarazo es resultado de una violación o si se diagnostica en el no nacido una patología incompatible con la vida. A pesar de la ley, Viktor Orbán ha implementado medidas provida como el decreto del latido, por el que todas las mujeres que quieran abortar tendrán que escuchar primero el corazón de la criatura que llevan dentro. En otros países, este pequeño paso ha conducido a la prohibición de estas prácticas mortales y podría también impedir que la cultura de la muerte se asiente en la Carta Magna de la Unión Europea.