Qué es la pensión compensatoria y qué delito se comete si no se paga

El Código Civil español establece que en el caso de que un divorcio o separación provoque un desequilibrio económico en uno de los cónyuges, tendrá derecho a una compensación. Esta es la conocida como pensión compensatoria y, el artículo 97 del citado código establece que puede ser temporal o indefinida y abonada de forma periódica o en una prestación única.

Así, esta retribución debe ser medida mediante un convenio regulador o sentencia judicial y ha de ser solicitada por el miembro de la pareja que enfrente dificultades económicas después de la ruptura. El Tribunal Supremo declaró en 2007 que lo normal es que tenga un periodo definido, aunque hay casos que justifican una prestación de larga duración.

No siempre se establece una compensación en forma de dinero, sino que también se puede otorgar una propiedad como parte del acuerdo. El beneficiario puede disponer de bienes que le den estabilidad. En otros casos, la cuantía de la pensión puede ser establecido como una cantidad fija o bien como un porcentaje de los ingresos totales de quien tenga que abonarla.

Igual que se fija, puede extinguirse. De nuevo el Código Civil establece que la pensión compensatoria puede dejar de pagarse si el hecho que la motivó (el desequilibrio económico), deja de existir. O también porque el que recibe la prestación vuelve a casarse o convive con otra persona. El derecho a percibir, en cambio, no termina si el pagador fallece, aunque los herederos pueden solicitar al juez la reducción o la supresión.

¿Qué pasa si no se paga?

El incumplimiento del pago de la pensión puede tener consecuencias legales para el cónyuge que queda como deudor en la sentencia de divorcio, separación o nulidad. Si no se puede hacer frente a las cuantías, es necesario demandar la modificación de las medidas acordadas, pero hasta que sea resuelta ha de continuar pagando la pensión.

Entre las sanciones legales, se encuentran por ejemplo el embargo del sueldo, si el cónyuge acreedor presenta una demanda de ejecución de sentencia. En este caso, también se contempla la incautación de las cuentas bancarias, acciones y otros activos. Si no existen fondos financieros, se podrían confiscar los bienes inmuebles, como la vivienda.

En casos más extremos, cuando se incumplen dos mensualidades consecutivas se puede recurrir a la vía penal. Para ello, ha de poder demostrarse que el deudor tiene la capacidad para afrontar la pensión, pero decide no pagarla. Según la legislación, este incumplimiento puede constituir un delito de abandono de familia. Y de hecho, en 2022, la Fiscalía avisó que puede conllevar pena de alejamiento. Para estas situaciones, o cuando se cumplen los cuatro meses de impago aunque no sean consecutivos, el Código Penal establece penas de prisión de tres meses a un año o multas de seis a 24 meses.