Milicianos llevan detenido al comandante Ortiz de Zárate, jefe de la sublevación. Horas después sería fusilado
El escándalo del asesinato del barón de Borchgrave que trajo tensiones entre Bélgica y el Frente Popular
Las investigaciones realizadas en la posguerra demostraron que en el crimen tuvo responsabilidad directa la Jefatura de Servicios Especiales del Ministerio de la Guerra, dirigida por el anarquista Manuel Salgado
A los pocos meses de estallar la Guerra Civil, el 20 de diciembre de 1936, Jacques Borchgrave –hijo de un antiguo embajador de Bélgica en España– desapareció por la tarde en el Madrid republicano. Ocho días más tarde, se descubrió su cadáver, que se encontró en el kilómetro 5 de la carretera de Chamartín a Alcobendas, junto con los cuerpos de otras dos personas. Un hecho desgraciadamente muy normal en la capital durante el primer año de guerra, consecuencia de la represión política y social.
Jacques Borchgrave, el primero a la izquierda
En la posguerra, la baronesa explicó a las autoridades que su marido se había distinguido peligrosamente sacando a españoles de derechas de las cárceles, trasladándoles a Embajadas como a numerosos empleados de la Compañía Telefónica que, tras ser rechazadas por la representación norteamericana, les había buscado asilo en otras. Como ella declaró «en el mes de diciembre de 1936 se presentaron ante la Embajada de Bélgica dos coches con milicianos anarquistas de la FAI que iban dispuestos a violar la extraterritorialidad y detener a todos sus refugiados». Su marido telefoneó a la policía para que enviase ayuda y, mientras tanto, «se opuso a viva fuerza a que interrumpieran las milicias en el edificio de la Embajada. Estos incidentes, juntamente con las gestiones a favor de las personas perseguidas, debieron acarrearle cierta notoriedad y mal querencia entre los elementos de la FAI». Días antes de su desaparición, Borchgrave le dijo a su esposa que un coche con milicianos le había perseguido insistentemente.
Asesinado por espionaje
Investigaciones realizadas en la posguerra demostraron que en el asesinato del barón de Borchgrave tuvo una responsabilidad directa la Jefatura de Servicios Especiales del Ministerio de la Guerra, dirigida por el anarquista Manuel Salgado. Un testigo aseguró que fue detenido y llevado al Ministerio pero, al dejarle solo en un despacho del Ministerio, algunos jefes temieron que hubiera leído informes secretos, por lo que optaron por su eliminación. Declaración que parecía una mera excusa. En todo caso, tras el arresto de Borchgrave, Salgado ordenó a su secretario que enviara al belga al Comité de Defensa de la CNT. Allí su secretario, Eduardo Vale, le puso en manos de un grupo de milicianos que le asesinaron. Un informe republicano de 1937 culpó a Borchgrave de espionaje, por facilitar la deserción de un brigadista y convencer a otro para que le suministrara información sobre el frente y el material bélico desplegado. Sin embargo, su esposa, en la posguerra, afirmó ante la Causa General que su marido no se había dedicado a ninguna actividad de espionaje, lo cual en aquel momento, si lo hubiera asegurado, no hubiese sido sino un mérito a su favor.
Las autoridades republicanas se negaron a admitir cualquier tipo de responsabilidad
En Bélgica, la noticia de su asesinato provocó una intensa campaña de prensa, el Cuerpo Diplomático protestó y el Rey Leopoldo III apremió al Gobierno de Van Zeeland para que obtuviera explicaciones de lo sucedido por parte del Frente Popular español. El 7 de enero de 1937, el Gobierno del socialista Largo Caballero alegó que su muerte había sido causada por sus actividades de espionaje pero, un mes más tarde, aún no se había logrado encontrar ninguna prueba exacta de su culpabilidad ni se había castigado a nadie. Bruselas exigió disculpas, la concesión de honores diplomáticos en los funerales de la víctima, además del pago de una indemnización a la familia y el castigo severo de los asesinos. Las autoridades republicanas aceptaron las dos primeras exigencias, pero se negaron a admitir cualquier tipo de responsabilidad, valorando excesiva la cantidad solicitada para la indemnización.
En aquellos meses, si el Gobierno del Frente Popular no tenía pruebas de la complicidad de Borchgrave en actividades de espionaje, el belga no las poseía sobre la implicación de cualquier autoridad gubernativa en su asesinato. Bruselas manifestó su disconformidad en días sucesivos, ante lo cual Valencia decidió someter el caso ante el Tribunal Internacional de Justicia de La Haya.
El asesinato del barón de Borchgrave provocó una crisis gubernamental que Van Zeeland aprovechó la ocasión para solicitar la dimisión del socialista Emile Vandelverde, ministro de Sanidad y vicepresidente del Gobierno. Este político hubiera podido –como la mayoría de sus colegas de partido– apoyar al Frente Popular español, pero prefirió presentar su renuncia el 28 de enero. Los senadores católicos d´Aspremont-Lynden y Dorlodot aprovecharon la oportunidad que les ofrecía el caso Borchgrave para preconizar la ruptura de relaciones diplomáticas con la República. La viuda de Borchgrave fue evacuada con ayuda de la Embajada argentina, ante el temor a que fuera también víctima de los anarquistas.
Finalmente, en diciembre de 1937, se llegó a un acuerdo. El Gobierno republicano aceptó finalmente pagar la indemnización requerida de un millón de francos belgas por consideración a la familia de la víctima y no por obligación derivada de alguna supuesta responsabilidad. No obstante, la dilatación del contencioso entre los dos Gobiernos contribuyó notablemente al deterioro de la imagen internacional del Frente Popular español, pues una pregunta apareció en numerosos periódicos belgas: si ningún agente gubernamental había tenido participación en el crimen, ¿por qué las autoridades no habían logrado localizar y apresar a los culpables?
