El índice de libros prohibidos, la censura que comenzó en las universidades

Desde los primeros tiempos la Iglesia luchó contra la herejía y una de las maneras era la prohibición de la conservación y lectura de las obras consideradas heréticas. El primer precedente lo tenemos en el primer Concilio de Nicea (325 a.C.) que prohibió los escritos del obispo Arrio. Más adelante se prohibirían los textos de Orígenes de Alejandría, los maniqueos, las obras de Focio, Pedro Abelardo, el Talmud, las versiones de la Biblia en lengua vernácula (Concilio de Tarragona de 1234), etc.

Desde el surgimiento de la invención de la imprenta la Santa Sede trató de controlar la circulación de obras impresas. Así Inocencio VII estableció la obligatoriedad de un examen de los escritos previo a su publicación, la necesidad de la concesión de un permiso de impresión (imprimatur) a los textos no contrarios a la Iglesia, penas espirituales y pecuniarias a quienes violasen las disposiciones anteriores y la quema de los libros prohibidos.

Inmediatamente se buscó crear un Índice, un listado de textos a evitar y serían las universidades quienes empezarían publicando listados o Índices de censura

En 1542 el Papa Pablo III creó la Sagrada Congregación de la Inquisición Romana Universal encomendándole la misión de «mantener la integridad de la fe, examinado y proscribiendo los errores y las falsas doctrinas». Inmediatamente se buscó crear un Índice, un listado de textos a evitar y serían las universidades quienes empezarían publicando listados o Índices de censura (Sorbona de París, Lovaina, Venecia…).

En 1555 el Papa Pablo IV encargó la elaboración de un texto oficial de libros prohibidos. Este primer Índice, llamado «Índice Paulino», fue promulgado el 30 de diciembre de 1558. La obra se dividía en tres: la primera parte comprendería los autores no católicos ( unos seiscientos nombres) cuyas obras estaban prohibidas; la segunda parte contenía un listado con 126 títulos de escritos de 117 autores católicos y la tercera y última parte la formaría un listado con el título de 332 obras anónimas.

A esta división se le añadirían dos listados más: el primero formado por 45 ediciones prohibidas de la Biblia y el segundo listado formado por los nombres de 61 impresores cuyos libros estaban prohibidos, independientemente de la materia de la que trataran.

En 1564 se publicó una segunda edición corregida del Índice denominada «Índice Tridentino», publicado durante la última sesión del Concilio de Trento. En España se autorizó a la Inquisición local a crear su propio Índice de textos prohibidos.

Durante el inicio del siglo XVIII la Iglesia mostró una mayor flexibilidad, tolerancia y –a veces– una política de «dejar hacer». En 1758 el Papa Benedicto XIV simplificó las reglas para condenar los libros y levantó la prohibición de leer la Biblia en lenguas vernáculas. León XIII, en 1897, reescribió las normas por las cuales una lectura debía ser prohibida, ingresando en el Código de Derecho canónico existente y manteniéndose la pena de excomunión para los infractores.

Los poderes para compilar los Índices vuelven al Tribunal de la Inquisición (ahora Santo Oficio) en 1917 y en los siguientes años se introducirá en el listado las obras de autores comunistas, socialistas, fascistas, nacionalsocialistas, racistas, etc.

El Index Additus Librorum Prohibitorum, typis polyglottis vaticanis –última edición publicada del Índice, en el año 1959– sería definitivamente derogado tras las reformas del Concilio Vaticano II, el 15 de noviembre de 1966, bajo el pontificado del Papa Pablo VI. Cerrando así un periplo de más de cuatrocientos años de existencia.