¿Cuándo dejó de ser la II República una democracia (si llegó a serlo alguna vez)?

Mucho se comenta y se ha comentado sobre el carácter democrático de la II República. Y más ahora que, con las conmemoraciones que prepara el Gobierno, no dejan de cacarear un falso pasado de «arcadia feliz».

La realidad es que pese al modo en el que se proclamó el régimen del 14 de abril de 1931, había una expectación positiva respecto a las posibilidades que la República podía traer a España. Es cierto que fue resultado de unas elecciones municipales y no de un plebiscito a favor o en contra de una forma de estado, aunque algunos, incluidos ciertos ministros del propio Alfonso XIII, lo interpretasen así.

El Rey se fue. Pudo no marcharse, pero lo hizo. Con este matiz es importante reconocer que muchos quisieron ver posibilidades de modernización, avances y derechos en la nueva situación, aunque los propios debates de cara a la aprobación de la Constitución en diciembre de 1931 fueron ya polémicos. Eso sin olvidar los altercados que en el mes de mayo, con la primera «quema de conventos», se habían ido reproduciendo en variados puntos del país.

Dejando a un lado la cuestión religiosa, la reforma militar de Azaña, el tema estatutario o la polémica cuestión agraria, la evolución de la II República fue generando un clima de radicalización y tensiones políticas que desde bastante pronto hacían inviables los anhelos democratizadores que habían preconizado, incluso, los intelectuales de la «Agrupación al Servicio de la República». Ellos mismos, con Ortega a la cabeza, se desentendieron de aquello. «La República es una cosa y el radicalismo es otra», llegó a advertir el tribuno que se había erigido en adalid del cambio.

Dejando al margen estas puntualizaciones –no menores–, encontramos como poco tres momentos determinantes a la hora de evaluar la verdadera condición democrática de la II República. Deberíamos referirnos, ya de comienzo, a lo ocurrido en Cataluña con Maciá y el Estat Catalá. A partir de ahí las progresivas presiones hasta la aprobación de un Estatuto que vio la luz en septiembre 1932.

Ahora, ¿esas reglas del juego que había aceptado parte del nacionalismo ya no eran válidas en octubre de 1934? La partida no puede tener la normativa que en cada momento interese. Eso se podría aplicar también a la participación del PSOE en esa misma Revolución. ¿La República democrática que habían respaldado en abril de 1931 ya no servía en esas fechas? Porque tanto Indalecio Prieto como Largo Caballero, «el Lenin español», habían formalmente integrado el Gobierno Provisional que derivó en la coalición republicano-socialista. Sería, quizá, el segundo momento determinante.

Desde ese punto, con la suspensión de las garantías constitucionales hasta el comienzo de la campaña electoral de febrero de 1936, difícilmente podríamos hablar ya de la viabilidad de un modelo democrático. Al menos no para todos. Los sectores de la izquierda revolucionaria, empezando por el propio PSOE, se habían situado de soslayo, aunque formasen parte de la coalición electoral que fue el Frente Popular, que finalmente se hizo con la victoria.

¿Fraude y violencia? Incluso en ese supuesto, hubo un amago de coalición de derechas, más o menos «accidentalista» que estaba dispuesta a seguir operando dentro de la legalidad de la II República. Y también militares vislumbraban una última posibilidad de reconducción de todo aquello. Pero el gobierno –de Azaña primero y Casares Quiroga después– tenía que controlar a sus aliados parlamentarios. Y no lo hizo. Advertir, le advirtieron. Y ese sería el tercer momento.

Lo que vino después con la amnistía, el decreto de readmisiones, las incautaciones de tierras y la judicatura dejaba pocas huellas de lo que pretendió ser un sistema democrático. La «República democrática de trabajadores de toda clase que se organiza en régimen de Libertad y Justicia» –como cita en el artículo 1º de su Constitución– había fracasado. El carácter democrático o no de un régimen lo da la Constitución, las instituciones y el Gobierno. Lo cual podría aplicarse, y debe hacerse, al modelo progresivo de Transición ocurrido a partir de 1975. Pero cuando esto no funciona, poco o nada queda ya de legitimidad.