Escándalo militar en el seno del Gobierno luso

Mientras la oposición exige explicaciones por la implicación de militares portugueses en redes de tráfico de drogas y diamantes, el primer ministro luso, António Costa, y el presidente, Marcelo Rebelo de Sousa, intentan rebajar el impacto del caso tanto dentro como fuera de las fronteras del país.

El caso ha sacudido incluso al Gobierno, después de que saliese a la luz que el ministro de Defensa, João Gomes Cravinho, conocía el caso desde finales de 2019 pero no informó ni a Costa ni a Rebelo de Sousa, que es además el comandante supremo de las Fuerzas Armadas.

Gomes Cravinho sí informó a la ONU en 2020, porque los militares estaban en la misión de la organización en República Centroafricana, aunque el portavoz de esta misión sólo se enteró cuando saltó a la prensa.

Lo mismo ocurrió con las más altas figuras del Estado, y tanto Costa como Rebelo de Sousa reconocieron esta semana que se enteraron el lunes, con la operación de la Policía Judicial que se saldó con 11 detenidos.

Gobierno y presidente liman tensiones

Aunque el caso amenazó con tensar las relaciones entre el Gobierno y el jefe del Estado —«el presidente tendrá que decir qué visión tiene sobre el tema», dijo Costa el miércoles–, ambos han optado por atenuar la polémica en plena crisis política con elecciones anticipadas dentro de mes y medio.

«No tengo nada más que añadir», dijo Rebelo de Sousa el viernes para dar por cerrado el tema, tras señalar que el ministro de Defensa le había explicado que no le informó porque la investigación estaba bajo secreto de sumario.

Según medios locales, el asunto quedó resuelto con una conversación telefónica entre el presidente y Costa, en la que comprendieron las explicaciones dadas por el ministro.

«En otras circunstancias probablemente esto llevaría a la destitución del ministro, como estamos en período preelectoral es poco probable», explicó el sábado a EFE el politólogo António Costa Pinto, del Instituto de Ciencias Sociales de la Universidad de Lisboa, que no cree que el escándalo tenga impacto en las urnas.

Costa Pinto recuerda que Gomes Cravinho no es un ministro «político» –en el pasado desempeñó cargos de embajador de la UE y nunca fue un dirigente partidario– y que quien podría presionar para destituirle sería Rebelo de Sousa, pero el presidente ha mostrado que no quiere hacerlo «en coyuntura preelectoral».

Subestimaron la dimensión

Las explicaciones dadas durante la semana apuntan a que el error del ministro fue subestimar la dimensión del caso, concuerda el analista.

El propio Gomes Cravinho explicó a la prensa que, cuando fue informado a finales de 2019, le dijeron que había sólo dos militares implicados.

El jefe del Estado Mayor de las Fuerzas Armadas de Portugal, el almirante António Silva Ribeiro, que también estaba al tanto, defendió igualmente que «no había percepción al inicio de que el problema fuera de esta dimensión».

Al final, fueron detenidas once personas, entre las cuales estaban militares y exmilitares portugueses, un agente de la Policía de Seguridad Pública (PSP) y otro de la Guardia Nacional Republicana (GNR) y un abogado.

Son sospechosos de participar en una red que se dedicaba a obtener beneficios del contrabando de diamantes y oro, el tráfico de estupefacientes, el cambio de monedas falsas y delitos informáticos para blanquear capitales.

Las explicaciones no han convencido a la oposición, y varios partidos de ambos lados del hemiciclo han solicitado una audición urgente del ministro de Defensa.

Proteger la imagen internacional

El escándalo ha tenido proyección internacional al tratarse de una misión de Naciones Unidas, pero tanto el Gobierno como el presidente han insistido en que no afecta negativamente a la imagen de Portugal en el exterior.

«No afecta a nuestra imagen internacional», aseguró el ministro de Exteriores luso, Augusto Santos Silva, que subrayó que el papel de los militares portugueses en misiones internacional es «unánimemente reconocido».

El jefe del Estado llegó a decir que, «al contrario», deja en buen lugar a las Fuerzas Armadas portuguesas, porque tomaron la iniciativa para investigar lo que parecían «casos aislados».

«Es un caso muy localizado», señala el analista Costa Pinto, que por ello no espera que afecte al buen nombre de Portugal.